Por: Mónica Mancero Acosta

Si hay algún escaso consenso en el país, aparte de que todos queremos que gane la selección, es la dolarización. Ni aun en épocas del correísmo, cuando había fuertes argumentos de académicos e ideólogos en contra de ella, incluido el propio expresidente, se pudo cuestionarla abiertamente. Sin embargo, ahora que se cumplen 20 años de su implementación, algún sector académico ha organizado un acto en el cual se llama a “festejar” la dolarización. Para poner más leña al fuego, algunos medios están reposicionando la figura de Jamil Mahuad, en un confuso intento por lavar su imagen.

La crisis económica, social y política que se produjo en 1999 fue de dimensiones impresionantes, un breve recuento: varios funcionarios gubernamentales eran a la vez representantes de la banca; la ley de la AGD dio garantía ilimitada de depósitos; se aprobó la propuesta de Nebot de eliminar el impuesto a la renta y sustituirlo por 1% a circulación de capitales; se decretó el feriado bancario y se congelaron los depósitos por un año; se produjo la quiebra de buena parte del sistema financiero y el Estado corrió a cargo de su salvataje; el banquero Aspiazu, quien había cotizado para la campaña de Mahuad, demandó junto con PSC el salvataje aunque no cumplía condiciones; la inflación llegó al 100%; la economía decreció un 7%, la cifra de pobres pasó de casi 4 a 9 millones de personas. En este contexto se dolarizó la economía el 9 de enero de 2000, con una tasa de 25 mil sucres por dólar, licuando los escasos dineros de los ecuatorianos.

Si eso merece festejarse será en el mundo de la infamia y la estulticia. Se argumentó que se celebraba la solución a la crisis, pero es extraño que economistas lo propongan. La dolarización no solucionó la crisis del país, apenas controló la inflación y nos dio una seguridad monetaria que ciertamente apreciamos. Sin embargo, cualquier análisis debe considerar el complejo y conflictivo contexto de una crisis que obligó a migrar a 1 millón de personas, que con su trabajo enviaron remesas para paliar el hambre de sus familias. Ellos son los verdaderos héroes y heroínas a quienes se debe reconocer.

FUENTE: EL TELÉGRAFO

22 de enero de 2020

Por: Mónica Mancero Acosta

En las recientes manifestaciones confluyeron varios actores: el movimiento indígena, pobladores urbanos, supuestas mafias del tráfico de combustibles, actores políticos. Esta inaudita conjunción, a propósito de las medidas económicas anunciadas por el Régimen, no lo previó nadie.

Tampoco pareció haber contado con ello el propio movimiento indígena: “nosotros mismos nos sorprendemos (de) la cantidad de gente…” dijo Leonidas Iza mientras negociaba el acuerdo con el gobierno de Moreno, a la vista de millones de ecuatorianos que seguíamos el diálogo para encontrar una salida a la compleja situación social y política.

La apertura democrática que vivió el país en la etapa postcorreísta propició un ambiente que posibilitó una recomposición del movimiento social, ya hubo signos de esta dinámica, pero nadie imaginó que irrumpiría con esta fuerza, apenas a dos años de haber sido criminalizados y ninguneados en el régimen anterior.

La Conaie, sin embargo, a pesar de esta fuerza y de forma algo inexplicable, puso todas sus energías en el cese del Decreto 883 que eliminaba el subsidio a los combustibles. No ampliaron su agenda a demandas estratégicas vinculadas a la construcción del Estado plurinacional.

La agenda del campo opositor al régimen, el correísmo, fue distinta: elecciones anticipadas, muerte cruzada. Ha sido bastante visible la postura de algunos dirigentes hoy procesados, pero hay que darles lo que ellos negaron a sus opositores, todas las garantías del debido proceso y justicia.

La violencia de los actos registrados fue también inusitada. ¿Quién pudo capitalizar políticamente? Al parecer ninguno de los actores políticos conocidos, lo que provocaría un vacío que podría ser llenado por un o una outsider en las próximas elecciones.

¿Quién ganó entonces? Aparentemente el movimiento indígena y popular. Sin embargo, es aún pronto para evaluar si ello no terminó generando fracturas más profundas como el racismo o el clasismo, que podrían terminar devolviéndose como fantasmas que siempre nos asechan. Frente a ello nos queda el camino de la construcción de la interculturalidad y la plurinacionalidad.

16 de octubre de 2019

Por: Mónica Mancero Acosta

Cuando estudiante universitaria ingresé por concurso como ayudante de investigación en el prestigioso Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Cuenca. Para empezar, me asignaron a un proyecto sobre migraciones internacionales, temática ineludible para la región.

Para una estudiante novata encontrarse con todo ese “arsenal” bibliográfico que era necesario leer y fichar; con todos esos diseños metodológicos y bases de datos que era necesario alimentar, procesar e interpretar; con todos esos académicos prestigiosos, causaba una sensación de vértigo.

Ahí encontré un libro que particularmente me llamó la atención por lo coloquial de su título “Se fue a volver, Seminario sobre migraciones temporales en América Latina”.

Esta expresión tan ecuatoriana y latinoamericana representa la esperanza del retorno, poder dar la vuelta la página por un momento, pero guardarse un as bajo la manga. La intención final luce diáfana en esa suerte de retruécano del lenguaje: el regreso.

Estimados lectores, esa es mi intención en este artículo de cierre de esta etapa en este medio de comunicación que me ha dado la espléndida oportunidad de tener una columna semanal, irme para volver. Debo hacer una pausa porque la vida me ha puesto en un sendero nuevo en este momento.

Irse de un espacio sin despedirse, sin dar explicaciones y que venga el puro silencio, no es mi estilo; más bien suelo ser afectiva y las despedidas son algo tristes, aunque siempre está la esperanza de lo nuevo que se abre. De todas maneras, debo explicaciones a algunos de mis lectores que de vez en cuando me escriben y que es lo que, a final de cuentas, justifica esta columna.

Desearía que a mi retorno a esta columna -que ojalá sea posible por la gentileza del director- este país cuente con una mejor democracia, mayor inclusión social y oportunidades para los grupos más vulnerables, menos violencia y corrupción, justicia, menos miedo y mayor libertad. En fin, me voy para volver y ojalá pudiera continuar expresándome en este espacio.

Por: Mónica Mancero Acosta

La asambleísta Ana Galarza fue destituida en la Asamblea Nacional. Es la tercera de las legisladoras destituidas y quizás no sea la última. Las causales de su destitución fueron puestas en duda por una parte de la propia comisión que la juzgó, quienes eran sus coidearios, la otra parte hizo un informe de minoría que fue el que primó en la Asamblea.

La destitución de Galarza constituye un acto significativo en la medida en que ella pretendió abanderarse de la fiscalización del correísmo y el morenismo. Sin embargo, esa pose de personificación de moralidad política se vino rápidamente al suelo, puesto que una serie de acciones como el mal uso de bienes públicos, el triste rol desempeñado por su propio esposo dentro de la Asamblea, y un discurso de chantaje dieron cuenta de un perfil poco ético.

Los perfiles de buena parte de los asambleístas son deplorables, no tanto porque no cuenten con el suficiente nivel de instrucción educativa, sino porque su trayectoria no llega a compensar esa insuficiencia en su formación. El partido político de Galarza, por el mérito de haber sido reina de belleza, pretendió suplir su carencia de experiencia política y formación académica pertinente. Hay que decir que varios partidos políticos tienen una robusta tradición en postular reinas de belleza como candidatas en diferentes dignidades; la cuestión es que les ha dado resultados.

El desmoronamiento de la Asamblea y la ineludible cuestión de fiscalizar a los fiscalizadores nos retrotrae a la añeja discusión entre ética y política. Para los griegos, ética y política constituían dos elementos indisociables de la actividad del ciudadano de la polis. Mucha agua debió pasar bajo el puente para que Maquiavelo, siglos después, estableciera una suerte de ruptura entre la política y la moralidad -antes que la ética- en atención a establecer un poder eficaz. A partir de ahí, la teoría política ha mantenido una tensión siempre presente entre ética y política.

En nuestro país, luego de la impresionante renovación de las prácticas de corrupción, resulta ineludible debatir acerca de los límites éticos de la actividad política. Según el pensador Morin, la ética tiene un componente tripartito que debe lograr un equilibrio: individuo, sociedad, especie. La Asamblea lo ha puesto en el tapete, esperemos que pueda conservar una tensión apropiada entre cuidar los comportamientos éticos y no echar a perder la institucionalidad.

Por: Mónica Mancero Acosta

La extremadamente compleja situación de Venezuela no se analiza con un binarismo de buenos y malos, ni de chavistas o antichavistas. Tampoco se arregla con panfletos y proclamas encendidas. En este momento hay dos presidentes en un solo Estado nación, lo cual es una situación política inédita, el uno cuenta con mayoritario respaldo internacional, el otro aún con respaldo del Ejército y la denominada guardia bolivariana.

La jugada de Guaidó de juramentarse presidente frente a la multitud, sin intermediar elecciones, no deja de causar sorpresa por más que la Asamblea sea un órgano legítimo, él no fue designado para cumplir ese rol. No obstante, las últimas elecciones en las cuales resultó electo Maduro han generado bastantes dudas. En cualquier caso, esta estrategia en la cual Estados Unidos ha puesto todo su esfuerzo, parece ser el punto de quiebre que finalmente iniciaría el desenlace del prolongado empate catastrófico en que pareció sumirse Venezuela.

La desastrosa situación social, económica y humanitaria hace que se vuelva insostenible el gobierno de Maduro, lo cual, aunado a su falta de legitimidad, evidenciada en las multitudinarias marchas a favor de cambios, podría ser decisivo. Sin embargo, el joven y audaz político, al parecer, tampoco cuenta con el respaldo consolidado de la oposición. Todo esto mientras sectores de la izquierda latinoamericana y del mundo se atrincheran vergonzosamente en favor de un régimen que ha tocado fondo, y el cual hasta sectores chavistas impugnan.

La deplorable situación venezolana debería llevar a la izquierda a una seria reflexión y autocrítica, antes de desempolvar los viejos eslóganes del antiimperialismo. Académicos e intelectuales, desde cómodas posiciones, apoyan a un régimen que a la vista ha causado hambre, violencia y caos; basta con detenerse en cualquier esquina de Quito para observar la lamentable situación en que fue sumida gente humilde de un país que cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo.

En este momento no hay caminos fáciles, tampoco soluciones incruentas. Cada una de las salidas a esta situación tendrá altos costos políticos y en vidas humanas; sin embargo, no es un estado de cosas que pueda prolongarse indefinidamente. Por ello, el desenlace se tendrá más temprano que tarde.

Por: Mónica  Mancero Acosta

El mandato de masculinidad necesita víctimas sacrificiales, es lo que nos dice Rita Segato. En días pasados, atónitos, pudimos observar en múltiples videos caseros que circulaban a sus anchas por las redes sociales, cómo se sacrificaba a una mujer a cuchillazo limpio.

El asesino, los asesinos de mujeres, generalmente, no son enfermos mentales o depravados. Ellos son lo que el feminismo denomina “hijos sanos del patriarcado”, es decir, sujetos que responden a ese pacto masculino construido a lo largo de un tiempo demasiado largo para poder rastrear sus orígenes, pero que no pierde efectividad cuando ejerce su violencia letal sobre las mujeres a las cuales domina.

Es verdad que en muchos casos estos hombres feminicidas viven en condiciones de permanente vulneración de sus condiciones de vida, sociales y de trabajo, y la revancha ejercida sobre los cuerpos de las mujeres suele ser más violenta. Estos sujetos no están aislados; forman parte, además, de una sociedad individualista, consumista y que ha normalizado la violencia. Aunado a esto, la violencia se ha convertido en un espectáculo que se recrea todos los días en los medios y hoy en las redes sociales, todo esto constituye lo que Segato denomina una pedagogía de la crueldad.

Si queremos, escarbamos un poco más, y nos encontramos con lo que Lagarde ha señalado como la causa fundamental de los feminicidios en América Latina: la impunidad, la violencia institucional y la falta de diligencia. Todo esto junto constituye un coctel letal que provoca que, por más tipificación que exista para este delito en el cual la pena es más alta que para un homicidio, la tasa de feminicidios se incremente escandalosamente.

Diversos estudios señalan que las tasas de feminicidio aumentan cuando no existe un Estado de derecho constituido; cuando impera la impunidad y la violencia simbólica; cuando no existe control sobre la corrupción; cuando las mujeres no participan en la toma de decisiones; cuando funcionarios -policiales, judiciales- incumplen sus obligaciones hacia mujeres que deben proteger; cuando no tenemos una comunidad fortalecida y un tejido social constituido.

Todo esto, y más, se dio para que muriera Diana bajo el cuchillo de su feroz asesino, y muchas Dianas más seguirán muriendo si no empezamos a cambiar, en colectivo, todo este triste panorama.

Por: Mónica Mancero Acosta

La espeluznante noticia de un grupo de varones violando a una chica levantó una profunda indignación en toda España e hizo despertar una nueva forma de procesar la violencia sexual, y dio lugar a una nueva orientación jurídica que redefinió el concepto de violación y el de consentimiento.

De forma por demás brutal e intolerable, acaba de ocurrir lo mismo en el país, y apenas un grupo de activistas y gente más informada y sensible se conmueve en las redes sociales. Al resto de la sociedad pareciera no importarle, y fundamentalmente, al grupo de asambleístas que, en nombre de una supuesta fe y defensa de la vida desde la concepción, pretenden condenar a prisión a una mujer violada que se embaraza.

La manada es la expresión más violenta de un patriarcado que está herido de muerte, pero se resiste a desaparecer. La violación en manada implica una lógica de comportamiento grupal dentro de relaciones de poder: el macho, profundamente inseguro y teniendo que reafirmarse constantemente, exhibe su poder a sus congéneres a través de un acto colectivo en el cual compiten, no solo por la dimensión de su falo, sino por quien ultraja con mayor violencia.

Las violaciones presentan índices alarmantes en nuestro país, una de cada cuatro mujeres ha sido víctima de violencia sexual. Por ello, hoy exigimos la despenalización del aborto por violación, dado que supone un doble castigo a la niña o mujer que se embaraza.

Muchos asambleístas retrógrados han dado sus discursos llenos de moralismos. Pregunto, ¿qué pasaría si Martha, hospitalizada luego de semejante ataque, que simplemente no puedo describir en este espacio por lo brutal del mismo, quedara embarazada?

Según estos “padres y madres de la patria”, ella debe ir presa. Eso es lo que se discute señora Bonilla, correísta; señora Cuesta, señor Yépez y su grupo de la curuchupería de CREO, entre otros.

Lo ocurrido a Martha es una atrocidad sin nombre, ¿cuántas Marthas deben ser víctimas para que los legisladores despenalicen el aborto por violación.

Por: Mónica Mancero Acosta

Este título parafrasea la obra de André Gide, nobel de Literatura francés, escrita al finalizar el siglo XIX. En esta obra se plantea una ruptura con los convencionalismos y se da rienda suelta a los placeres del momento, sin expectativas ni nostalgias. Sin embargo, mi título no tiene que ver con esa novela, mi interés es hablar de la inmensa y rica producción de alimentos por parte de las comunidades campesinas e indígenas de nuestro país, lo que constituye un verdadero tesoro y un regalo que nos dan estas manos trabajadoras.

En este feriado viajé por tierra muchas horas atravesando la geografía interandina y consecutivamente encontré, en pleno feriado urbano, a gente campesina labrando la tierra y realizando las labores de la agricultura. Nos parece un trabajo apacible, casi bucólico, pero sabemos lo sacrificado y poco compensado que es este trabajo.

Dado el largo feriado, no hay mejor oportunidad que llegar a casa con compras de productos frescos, y detenerse en un puesto de venta de estos productos constituye una experiencia única y vital. Nuestros campesinos siembran y cosechan de todo, desde verduras y hortalizas, una diversidad increíble de frutas, tubérculos, hasta yerbas medicinales. Basta parar en uno o dos puestitos y una puede regresar a casa muy bien provista de los más diversos, deliciosos, baratos y saludables productos para la dieta de la semana.

El desafío es precisamente que desde el Estado se apoye la agricultura familiar, que continúa generando un alto índice de ocupación en el país y aporta hacia una soberanía alimentaria, aspecto clave para nuestra sostenibilidad. Además, se requiere controlar el uso de pesticidas y otros productos que podrían generar riesgos para su consumo.

Las y los campesinos de nuestro país requieren, además, de una distribución justa y democrática de la tierra. La tendencia concentradora de la tierra no fue detenida durante el período de la década anterior, en este nuevo gobierno se ofreció hacerlo, pero aún no vemos signos de que esto ocurra.

Por: Mónica Mancero Acosta

Este jueves 3 de enero tuvo lugar el primer debate en la Asamblea Nacional acerca de las reformas al Código Integral Penal. El debate opuso posturas de los asambleístas denominados provida frente a aquellos que defendían no solo los derechos de las mujeres, sino las recomendaciones de comités de derechos humanos, como Cedaw, Unicef, ONU, OPS, OMS, para que se despenalice el aborto por violación en el país.

Repetir las cifras y los argumentos que convierten un imperativo la despenalización del aborto por violación resulta necio frente a las y los militantes mal llamados provida. Ellos, al parecer, no entienden de razones, sino que sus dogmas de fe se imponen, tanto así que llamaron a tomarse la Asamblea para impedir que supuestamente se apruebe el aborto en el país.

El tema de fondo es que entre los asambleístas hay varios, quizás demasiados, militantes fundamentalistas que comparten esa tendencia. Esto resulta muy peligroso en nuestra sociedad. Un legislador, antes de dictar la norma, debería informarse de la situación de embarazos de niñas y adolescentes como consecuencia de violaciones en su entorno familiar; además, debería abrir su mente a la realidad social que impera en el país: el aborto es un hecho cotidiano y lo seguirá siendo, penalizarlo solo contribuye a mantenerlo en la clandestinidad y esto afecta a las mujeres de los estratos más desfavorecidos.

No obstante, se observa una peligrosa cerrazón de asambleístas de la tendencia de derecha, como los del movimiento CREO, socialcristianos, entre otros. Ellos, apertrechados en su posición de privilegio, pretenden ignorar la lacerante realidad de niñas y adolescentes víctimas de violación y obligadas por el Estado a mantener ese embarazo.

Urge que la sociedad vigile la actuación de los y las asambleístas sobre este tema, pues existe un consenso social bastante pronunciado acerca de la necesidad de despenalizar el aborto por violación. Los asambleístas que no legislan basados en los exhortos de organismos internacionales de derechos humanos, en las cifras e indicadores sociales y de salud, y en el propio clamor ciudadano, deberían ser castigados en las próximas elecciones que se avecinan.

Es necesario identificar y visibilizar claramente a este grupo de asambleístas antiderechos, que incluso pretenden identificarse como “progresistas”, cuando realmente son unos retrógrados de la peor ralea.