Por: Ricardo Restrepo y Efstathios Stefos
Docentes-investigadores de la Universidad Nacional de Educación (UNAE)
El Ecuador se ha planteado a sí mismo el ideal de constituirse en una sociedad, Estado y economía de derechos y justicia: en síntesis, pretende ser una democracia del Buen Vivir. Lo ha hecho en varios foros, su Constitución y otras leyes, políticas y discursos, con alta participación ciudadana, que ya son partes de la conciencia nacional e internacional, en espacios comunes, políticos y académicos. Fundamentalmente, el marco del Buen Vivir integra la centralidad de los derechos humanos y los derechos del resto de la naturaleza para las formas de organización humana. Las referencias centrales para la identificación de los derechos humanos son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
El derecho a la educación tiene especial énfasis en el primero y último de estos tratados internacionales de derechos humanos, con el fin de fortalecer el desarrollo pleno de la personalidad, el respeto por las libertades y derechos humanos propios y de otros, la interculturalidad, la paz y las capacidades para la efectiva participación en una sociedad libre (Art. 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y Art. 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Sin buena educación no hay derechos, no hay una libertad informada y sin dominación, no hay participación verdaderamente ciudadana en la construcción de las decisiones colectivas y no hay una sociedad libre, con su propia organización política y económica.
Sin buena educación no hay buenas decisiones sobre producción, consumo y participación política. La educación es la base de la democracia auténtica, la democracia del Buen Vivir.
Los derechos y la justicia son vacíos si no tienen fuerza; y la fuerza es dominación si no tiene como objetivo la garantía de los derechos y la justicia.
Tanto el derecho al voto como el derecho a la educación requieren de políticas públicas bien diseñadas, con recursos y bien implementadas para que sean garantizados. No existe tal cosa como derechos de pura abstención del Estado, o libertad negativa, como a veces se han descrito los derechos políticos. La cuestión siempre es qué tipo de acción colectiva se debe tomar (Sunstein y Holmes, 2012; Shapiro, 2012). La armonía que se busca entre los derechos, la justicia y la fuerza se encuentran en las políticas públicas democráticas orientadas a la construcción del Buen Vivir, creando así las condiciones para el continuo mejoramiento de la sociedad, su Estado y su economía de acuerdo al ideal identificado: la democracia del Buen Vivir, donde la dominación es eliminada (Restrepo, 2015a).
La centralidad de los derechos humanos y las políticas públicas reciben un gran énfasis en la Constitución de la República adoptada el 2008. En contraste con la Constitución de 1998, que fue elaborada sin debida autorización e impuesta anti-democráticamente desde un recinto militar en Sangolquí por partidos sin representatividad, y que entre otros daños institucionalizaba el mecanismo para la garantía pública de la banca, la Constitución del 2008 fue elaborada por una Asamblea Constituyente facultada democráticamente con plenos poderes, obtuvo alta participación ciudadana en el proceso de diseño y fue ratificada en las urnas con más del 60% del voto popular. En ella, se establece que el Estado tiene el deber primordial de asegurar el derecho a la educación (Art. 3 y 26), centrado en el ser humano y su desarrollo holístico, “en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional” (Art. 27). Según la Constitución, la educación es obligatoria en niveles inicial, de básica y bachillerato o su equivalente y la educación pública es “universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive” (Art. 28).
El Ecuador ha emprendido esta senda de desarrollo humano y nacional. Este libro presenta algunos de los ejes principales de la acción colectiva en política educativa y su desempeño en la última década, enfocándose en la línea base de cobertura y calidad en los niveles dentro del Sistema Nacional de Educación y el Sistema de Educación Superior. Para el análisis de la acción colectiva de las políticas públicas, se basa en la reconstrucción histórica de las principales dinámicas sociales, económicas, políticas y jurídicas pertinentes.
Los datos presetados en el “Atlas del derecho a la Educación en los años de la Revolución Ciudadana: Una aproximación a las transformaciones” sobre el desempeño en cobertura y calidad se basan principalmente en los estudios Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) del Instituto Nacional de Estadística y Censos, los datos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL), los estudios de Rendición de Cuentas del Ministerio de Educación y de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), del Foro Económico Mundial y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Las cifras nacionales son el resultado de un esfuerzo investigativo grande de los últimos años por parte de estas instituciones nacionales de obtener medidas y datos confiables que Atlas del derecho a la educación en los años de la Revolución Ciudadana brinden el conocimiento oportuno para el entendimiento, la transparencia, la discusión democrática, la investigación científica y las decisiones de políticas públicas informadas.
NOTA: Ricardo Restrepo y Efstathios Stefos, docentes-investigadores de la Universidad Nacional de Educación (UNAE), presetaron el miércoles 18 de enero en la ciudad de Cuenca, el “Atlas del derecho a la Educación en los años de la Revolución Ciudadana: Una aproximación a las transformaciones”.
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