Después de seis horas de debate y con la intervención de más de 30 asambleístas, fue aprobado la noche de este martes 18 de diciembre el proyecto de Reformas a la Ley de Comunicación con 75 votos a favor. La eliminación de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), la supresión de la figura de linchamiento mediático, la responsabilidad ulterior, los códigos y normas deontológicas son los principales cambios aprobados.
Ninguna medida administrativa existirá en la Ley, han sido eliminadas las sanciones administrativas, punitivas y económicas.
El Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación (Cordicom) será el encargado de vigilar y controlar los contenidos comunicacionales, pero sin capacidad sancionatoria, como la Supercom. El organismo elaborará informes técnicos en caso de encontrar información discriminatoria, violenta o sexualmente explícita.
También se incorporó al proyecto de ley una disposición para que se llame a un nuevo concurso público para adjudicar frecuencias de radio y televisión, a partir de la resolución de la Contraloría que determinó que el concurso iniciado por el régimen anterior tuvo irregularidades. Se garantiza además que la comunicación será un derecho y no un servicio, así como la democratización de la comunicación.
El documento modifica el 76% de la norma vigente desde 2013.
“En virtud de devolverle al país la libertad de expresión, la palabra, el entusiasmo a los medios de comunicación y a los periodistas para que puedan hacer efectivo el pleno goce de la libertad que les caracteriza, se aprueban estas reformas”, subrayó Jorge Corozo, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, quien elaboró el informe.
La propuesta aprobada este martes 18 de diciembre ratifica la profesionalización de la comunicación para quienes desempeñen actividades periodísticas de forma permanente en los medios. La excepción de esta medida se aplicará a las personas que tengan espacios de opinión y en medios comunitarios.
En este segundo debate se hicieron nuevos planteamientos que se incluyen en el documento, entre ellos, que se mantenga el 60% del espacio para la producción audiovisual nacional.
Asimismo, recoge las propuestas de la ministra de Salud, de la asambleísta Viviana Bonilla y del presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, en el sentido de que los medios de comunicación no podrán publicitar productos cuyo uso regular o recurrente produzca afectaciones a la salud de las personas.
El documento aprobado será remitido en las próximas horas al Ejecutivo para su sanción u objeción.
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