RIMISP en Ecuador presenta información relevante sobre la realidad de las mujeres rurales del Ecuador, a propósito de la conmemoración del Día de la Mujer Rural, este viernes 15 de octubre.
Por: RIMISP en Ecuador
La realidad actual de las mujeres en Ecuador, en términos de autonomía económica, se caracteriza por la persistencia de brechas de desigualdad frente a los hombres, que se incrementan a nivel de las mujeres rurales e indígenas y las sitúa al margen de las oportunidades y de los derechos. La vulnerabilidad y el empobrecimiento de las mujeres rurales, debido a los efectos de la pandemia, son parte de los principales hallazgos de las investigaciones del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural-Rimisp.
Para ubicarnos en esta situación es importante contextualizar la realidad de las mujeres en este país. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), emitidos en julio de 2019, el Ecuador cuenta con una población de 17.370.677 millones de habitantes. El 50%, es decir 8.672.676, son mujeres.
Del total nacional, el 37,2% de la población se ubica en las zonas rurales. Y de este porcentaje, el 49.4% son mujeres, mientras que el 50.6% son hombres. Un dato interesante que se obtiene del organismo estadístico es el que hace referencia a las mujeres que son consideradas jefas de hogar. Este indicador se ubica en el 28% y de esta totalidad, el 20,2 % no tienen nivel de instrucción alguno, y el 58,5 % alcanza solo la educación básica.
Hasta diciembre de 2019, el 56.4% de las mujeres que viven el país habían completado la Educación General Básica (EGB) o habían aprobado una parte de esta, en comparación al 58.2% que registran los hombres. Apenas el 25% de las mujeres termina la educación secundaria, que representa tres años más de escolarización al terminar la EGB. Y este porcentaje vuelve a disminuir, hasta llegar al 15% de mujeres que cuentan con estudios universitarios. En estos dos últimos indicadores no se evidencian mayores diferencias con los niveles y porcentajes alcanzados por los varones.
En lo referente al acceso al mercado laboral, encontramos que 3,4 millones de mujeres forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA). De un total de 8.099.030 personas; de esas el 58 % son hombres y el 42 % mujeres. Además, el 66 % de esta población está asentada en sectores urbanos y el 34 % en áreas rurales
El 32% de las mujeres empleadas cuentan con un trabajo adecuado, lo que equivale a 3,2 millones de trabajadoras. Un 17% está subempleada, un 4.8% se encuentra en el desempleo, contrastando con el 3,4% de hombres en el desempleo. Así también dos millones de mujeres lideran un pequeño, mediano o gran emprendimiento en el Ecuador.
Según los datos de la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (CEPAL, 2017), el 61.3% de mujeres rurales en el Ecuador, se dedican a actividades agrícolas; seguido de un 15,2%, que están ocupadas en el comercio y un 8,1 % que realiza actividades manufactureras (CEPAL, 2017).
Con base en la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) de los años 2002-2012, la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) en conjunto con la Secretaría Técnica para la Erradicación de la Pobreza muestran la variación del índice de Gini para la distribución de la tierra en el país. Durante los años 2004 y 2005 este índice era de 0,74%. Mientras que en 2006, sube al 0,83% y baja nuevamente en 2007 a 0,78%; a partir de este año y hasta 2012 el índice de Gini, sobre el acceso de la mujer rural a la tierra se mantiene casi en el mismo valor. Sin embargo, la misma encuesta determina, que el 25% de las Unidades Productivas Agrícolas (UPA) del país, son producidas o gerenciadas por mujeres, ya sea en calidad de cónyuges, hijas o arrendatarias. Es decir, apenas el 25% de las mujeres rurales del Ecuador son dueñas de la tierra que ellas cultivan.
De acuerdo con la Encuesta Específica del Uso del Tiempo, elaborada por el INEC, en el Ecuador, las mujeres dedican 31.4 horas a la semana al trabajo doméstico no remunerado. Las mujeres rurales superan el promedio nacional y alcanzan 34.3 horas en promedio a la semana, para esta actividad sin reconocimiento monetario. De su lado, los hombres de la ruralidad realizan unas 10.3 horas a la semana de trabajo doméstico, es decir que la dedicación de la mujer rural a estas labores es de 24 horas más (1 día), que la del hombre en la misma zona.
La Primera Encuesta de Violencia de Género realizada por el organismo estadístico en 2011, evidencia los siguientes resultados: el 60,6% de las mujeres en Ecuador ha vivido algún tipo de violencia., en algún momento de su vida. La violencia contra la mujer no tiene mayores diferencias entre zonas urbanas y rurales: en la zona urbana el porcentaje es de 61,4% y en la rural 58,7%.
Según los datos obtenidos, una de cada cuatro mujeres ha vivido violencia sexual, el tipo de violencia más común es la psicológica con el 53,9%. De acuerdo a la etnia, el porcentaje más alto que ha vivido algún tipo de violencia se concentra en la población indígena con el 67,8% seguida de la mujer afroecuatoriana con el 66,7%.
La pandemia profundizó las brechas de género en la ruralidad
La sobrecarga del trabajo doméstico, un mayor riesgo de contagios de COVID-19, desempleo y pérdida del nivel de los ingresos son algunos de los impactos que sufren las mujeres ecuatorianas, debido a la crisis generada por la pandemia. Efectos que agravan una situación que ya evidenciaba desigualdades frente a los hombres y que durante los meses pasados se han profundizado.
Hasta marzo de 2020, la realidad de las mujeres en este país arrojaba algunos datos reveladores sobre una constante de inequidades. De acuerdo con las cifras emitidas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), se daba cuenta de indicadores como un 28% de mujeres consideradas jefas de hogar, a nivel nacional. De esa totalidad, el 20.2%, no tenía nivel de instrucción alguno y el 58,5%, alcanzaba solamente la educación básica.
En lo referente al acceso al mercado laboral, encontramos que 3,4 millones de mujeres formaban parte de la Población Económicamente Activa (PEA) en el Ecuador. Es decir que, de un total de 8.099.030 personas en edad productiva; el 42% son mujeres. Y de ellas, el 32% de las mujeres empleadas contaban con un trabajo adecuado. Un 17% estaba subempleada, un 51% en el empleo informal y 4.8%, en el desempleo, contrastando con el 3,4% de hombres en el desempleo. Así también dos millones de mujeres lideraban un pequeño, mediano o gran emprendimiento en el Ecuador.
Según la Encuesta Específica del Uso del Tiempo, en el Ecuador, elaborada por el INEC, las mujeres dedicaban 31.4 horas a la semana al trabajo doméstico no remunerado. Las mujeres rurales superaban el promedio nacional y alcanzaban 34:33 horas en promedio a la semana, para esta actividad sin reconocimiento monetario.
Sin embargo, estas cifras han cambiado drásticamente desde la declaratoria de emergencia sanitaria, colocando a las mujeres en una situación de vulnerabilidad, que afecta directamente su bienestar. De acuerdo con el informe “Impacto Social del COVID-19 en Ecuador: desafíos y respuestas”, elaborado por el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), junto con el Gobierno de Ecuador y la Unión Europea, estos efectos se aprecian en una diversidad de aspectos.
La sobrecarga de trabajo de cuidados no remunerado afecta mucho más a las mujeres. “Debido a la saturación de los sistemas sanitarios y al cierre de las escuelas, la carga de trabajo se multiplica para las mujeres, quienes, por lo general, tienen la responsabilidad de atender a familiares enfermos, adultos mayores y niñas y niños”, explica el documento.
En este punto también debe sumarse el apoyo a las tareas escolares de los hijos o de la educación en su totalidad, debido a la modalidad de educación a distancia o desde casa, que adoptó el estado ecuatoriano, para frenar los contagios del coronavirus.
Esta realidad es la que ha enfrentado Lupe Rogel, productora de café y emprendedora de la provincia de Pichincha, representante de la Red Nacional de Jóvenes Emprendedores Rurales del Ecuador (Renajer), quien cuenta que debieron adaptarse “de un día para el otro a la nueva modalidad de estudio con mis niños. Sintiendo esa sobrecarga de trabajo, estar al tanto de su educación y al mismo tiempo intentar salir adelante con el trabajo y las tareas de la casa.”
La pérdida de los empleos, generada por el cierre de las actividades económicas, es otro de los grandes impactos. De acuerdo con el documento “Reflexiones en torno al impacto de la emergencia sanitaria por COVID-19 sobre las mujeres en Ecuador”, el porcentaje de mujeres dedicadas a las actividades informales supera el 40%, “por lo tanto, son las más afectadas frente a una crisis sanitaria y económica ya que sus economías dependen de sus ventas al día”, indica.
En el sector del empleo formal también se ven las afectaciones directas sobre las mujeres, debido a su concentración en los sectores más golpeados por las restricciones sanitarias. “En América Latina en general, los sectores de seguridad social, comercio al por mayor y por menor, restaurantes y hoteles, servicios empresariales, transporte, almacenamiento y comunicaciones, concentran el 78% de las mujeres ocupadas de la región. Además, se están registrando más denuncias de despido intempestivo y obligación de tomar vacaciones entre los jóvenes y las mujeres”, señala el informe de OCDE.
Para las mujeres ecuatorianas se ha sumado una preocupación adicional. Intentar que se cumpla con el aprendizaje escolar de los hijos y su propio trabajo, a través de medios digitales, en un afán por cumplir con la escuela en casa y el teletrabajo. Sin embargo, en zonas rurales del Ecuador, apenas el 16.1% de los hogares cuenta con acceso a Internet, y “solamente el 39.9% de los individuos en hogares pertenecientes al 20% más pobre usaban Internet, en 2017”, frente al 73.7% de los hogares con más ingresos, señala la investigación, con lo cual la brecha digital y educativa se ahonda aún más en este escenario crítico.
De acuerdo con las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la pobreza en el Ecuador podría haber llegado al 30%, y la pobreza extrema hasta el 9,9%, en 2020. De estos porcentajes, se debe entender que las mujeres están especialmente afectadas y tienen menos oportunidades de superar los impactos más fuertes que el COVID-19 está ocasionado.
Jefas de hogar, las más afectadas
El 69% de los hogares con jefatura femenina ha sufrido la reducción de sus ingresos, como una consecuencial del Covid-19, de acuerdo con la Encuesta sobre Seguridad Alimentaria y Alimentación, realizada en el marco del proyecto Siembra Desarrollo. Pequeña agricultura y alimentación resilientes al COVID-19, en los cantones de Daule, Santa Lucía y Palestina, (provincia del Guayas) y los cantones de Ventanas y Mocache (provincia de Los Ríos), ubicados en la costa ecuatoriana.
El proyecto, financiado por el International Development Research Centre Canadá (IDRC), se enfoca en los sistemas agroalimentarios de México, Guatemala, Colombia, Ecuador y Chile, para comprender cómo el coronavirus ha afectado a la agricultura familiar y la seguridad alimentaria en los territorios urbano-rurales de América Latina y poder avanzar hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles, inclusivos y resilientes.
La mencionada encuesta se realizó entre el 2 de diciembre de 2020 y el 16 de enero de 2021, con una muestra de 1.475 hogares, de forma telefónica. Para la definición de los territorios donde fue aplicada, se identificaron como rurales aquellos territorios cuya población rural es mayor al 36% y como urbanos a los territorios en los que la población urbana corresponde al 36%.
La vulnerabilidad y el empobrecimiento de las mujeres, tanto en las áreas urbanas como rurales, debido a los efectos de la pandemia y las medidas adoptadas para frenar los contagios, es uno de los principales hallazgos. La investigadora de Rimisp, María José Castillo, explica que se encontró, “una mayor proporción de jefas de hogar entre los quintiles más pobres, tanto en el área urbana como en la rural y más afectados por la pandemia, ya que tuvieron mayor pérdida de ingresos en Guayas y mayor inseguridad alimentaria de moderada a severa en ambas provincias y áreas”.
De igual manera, las mujeres estarán probablemente en mayor proporción entre los miembros del hogar que perdieron sus fuentes de ingresos debido a la pandemia, en especial por el cuidado de niños menores de 5 años. Los hogares con niños de esta edad cuyos perceptores perdieron sus ingresos alcanza el 37%, mientras que los hogares con miembros mayores a 5 años, es del 32%.
Regresando al 69% de hogares con jefatura femenina que han perdido sus ingresos en medio de la crisis sanitaria, es importante anotar que en la ruralidad la reducción de entradas de dinero en los hogares con mujeres como cabeza de hogar, se ubicó en el 72% mientras que, en las zonas urbanas, es del 67%. Datos que contrastan con este mismo indicador en los hogares con jefaturas masculinas, cuya pérdida afecta al 62% en áreas urbanas y al 71%, en el campo.
“En general, los menores ingresos llevaron a más de la mitad de los hogares de la muestra, un 54%, a estar preocupados por no tener suficientes alimentos y a un 11% a tener por lo menos un miembro que no comió durante todo un día”, señala la investigadora doctora en economía agrícola.
Se registra una mayor inseguridad alimentaria moderada a severa entre hogares con jefatura femenina, con un porcentaje del 38%, frente al 28% de los hogares con jefatura masculina.
Un resultado interesante que ha dejado la Encuesta sobre Seguridad Alimentaria y Alimentación, está relacionado con la toma de decisiones respecto al gasto para la compra de alimentos en la unidad familiar. En los datos globales se establece que el 68% de las mujeres participa en la toma de decisiones sobre la compra de alimentos. Al diferenciar por territorios, tenemos que, en la ruralidad este porcentaje alcanza el 69%, y en zonas urbanas, el 68%.
Para, Carol Chehab, directora de RIMISP en Ecuador, frente a estos indicadores es indispensable que se implementen programas y proyectos dirigidos a mujeres, jefas de hogar, etc. Tanto mejorar sus condiciones de vida, como dotar de medios de producción y servicios de apoyo que les permitan generar producción comercializable que pueda articularse al mercado. “De las experiencias obtenidas de varios países se hace indispensable diseñar proyectos para el empoderamiento económico de las mujeres, invertir en elevar sus capacidades y desarrollar activos estratégicos y oportunidades reales para que se desenvuelvan y alcancen su pleno desarrollo”, entre otros aspectos que pueden realizarse desde la política pública, con la vinculación del sector privado, la academia y la cooperación internacional.
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