“El absurdo de que el policía debe esperar a que el delincuente le dispare o dispare a un ciudadano, se terminó”, destacó el Jefe de Estado.
También dijo que con este reglamento, la fuerza pública puede actuar con la seguridad de que la normativa los respalda, pues los instrumentos legales guiarán de forma razonable la actuación de los jueces y fiscales para que ningún uniformado sea enjuiciado por hacer su trabajo.
El Secretario Nacional de Seguridad Pública y del Estado, Wagner Bravo, enfatizó en que policías, militares y guías penitenciarios van a estar en estricta observancia de este Reglamento, “deben y van a hacer el uso de los instrumentos legales y materiales para obligar a aquellas personas que han escogido actuar fuera de las normas de convivencia y la ley a presentarse ante ella”.
La suscripción y vigencia de este reglamento se suma a otras acciones que ya implementa el Gobierno del Ecuador para la seguridad del país. El pasado 27 de abril, el Cosepe resolvió declarar al terrorismo como una amenaza que atenta contra el Estado y su seguridad integral.
Posteriormente, el 3 de mayo, el Presidente Lasso firmó el decreto ejecutivo que daba cumplimiento a esta resolución y con el que se dispuso a las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Policía Nacional, que en cumplimiento de su misión de defender la soberanía e integridad territorial y de proteger los derechos, se ejecuten operaciones militares para enfrentar y contrarrestar a las personas y organizaciones que cometen actos terroristas.
Además, el Gobierno avanza en el objetivo de incorporar 30.000 policías para completar los 80.000 que el país requiere y continúa trabajando para dotar a las fuerzas del orden de más armas, municiones, vehículos y otros equipos.
Precisamente, el Ministro del Interior, Juan Zapata, también anunció que se prevé que la próxima semana se afinen detalles para suscribir un convenio con la Corte Nacional de Justicia para que las armas que han sido incautadas pasen a ser usadas por la Policía.
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