El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con 87 votos, el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de Diversos Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible, con base en el informe elaborado por la Comisión Especializada de Biodiversidad y Recursos Naturales.
La reforma articula el Código Orgánico del Ambiente (COA), la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), con el propósito de consolidar una educación ambiental transversal, práctica, participativa, intercultural, inclusiva, territorial y evaluable.
La asambleísta Sade Fritschi, ponente y proponente de la iniciativa, señaló que la reforma busca generar un cambio en la relación de niñas, niños y adolescentes con la naturaleza, al pasar de los conocimientos teóricos a acciones concretas como el reciclaje, la recuperación de espacios comunitarios y el uso responsable de los recursos naturales. Destacó, además, que no crea nuevas instituciones, autoridades ni estructuras burocráticas paralelas, sino que articula las competencias e instrumentos existentes.
La propuesta incorpora la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) de manera transversal en el currículo, la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, y fortalece su incorporación en la educación superior, vinculándola con la docencia, la investigación, la vinculación con la sociedad y la gestión institucional.
Uno de sus principales ejes es el fortalecimiento de la formación y actualización docente, junto con el impulso de metodologías activas y proyectos educativos y comunitarios relacionados con las realidades de cada territorio. Los contenidos abarcan, entre otros, cambio climático, desarrollo sostenible, manejo responsable de residuos, protección de la biodiversidad, cuidado del agua, consumo responsable y prevención de la contaminación.
También fortalece la coordinación entre autoridades competentes, gobiernos autónomos descentralizados, instituciones de educación superior, comunidades y otros actores, respetando las competencias establecidas en la Constitución y la ley. Su aplicación deberá considerar las particularidades de la Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos, así como la interculturalidad y las necesidades del ámbito rural.
Durante el tratamiento del proyecto, la Comisión de Biodiversidad recibió aportes de especialistas, docentes, instituciones, organizaciones y representantes de la sociedad civil. Su presidenta, Camila León, destacó que proteger la riqueza natural del Ecuador requiere no solo normas, sino también una ciudadanía capaz de comprender, valorar y actuar frente a los desafíos ambientales.
En caso de su implementación, esta será progresiva y contemplará la adecuación de la normativa e instrumentos técnicos y curriculares en un plazo de 180 días, así como la emisión, en el plazo de un año, de lineamientos para la incorporación progresiva de proyectos de Educación para el Desarrollo Sostenible. Su aplicación estará sujeta a las competencias institucionales, la planificación, la disponibilidad presupuestaria y la simplificación administrativa.
El proyecto de ley aprobado será remitido al Ejecutivo para su sanción u objeción.
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