Enrique Santos, presidente de la Comisión de Seguimiento al Plan de Excelencia de la Universidad de Guayaquil, presentó junto al presidente de la Comisión Interventora, Jorge Kalil, las resoluciones que esa instancia ha determinado en los últimos días en dos aspectos clave para el cumplimiento del principio de transparencia en la Universidad de Guayaquil, en el que consta la reestructuración del Cogobierno.
La Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional, dispuso al Consejo Universitario remover de sus cargos a aquellos estudiantes, profesores, servidores y trabajadores que hayan dejado de pertenecer a su estamento en cualquier momento de su respectiva representación, los cuales hasta la presente fecha forman parte del cogobierno de la Universidad de Guayaquil. Para fines de noviembre están convocadas las elecciones estudiantiles para representantes, por lo que al tiempo de ordenar la remoción se establecen mecanismos de seguimiento para la transparencia del proceso en marcha.
Se efectivizan devoluciones a los estudiantes
Según un informe de la Universidad de Guayaquil, entregado este miércoles 6 de noviembre, luego del plazo perentorio de 24 horas que se le diera este 5 de noviembre, este centro de estudios restituyó valores cobrados indebidamente a algo más de 4.000 estudiantes en seis meses.
Tras la intervención la cifra creció en dos semanas, donde se despacharon más de 1700 devoluciones. Sin embargo, la Comisión continúa acogiendo denuncias de más estudiantes. Enrique Santos expresó que la violación de la gratuidad «no es una cosa del pasado» , y tan es así que ante la demanda se ha diseñado una plataforma de recepción de denuncias que estará habilitada este fin de semana en el sitio web del CES. Con esto arranca un completo sistema de seguimiento, asesoría y aseguramiento de la devolución liderado por la Comisión de Intervención.
La disposición de esta instancia también pasa por la obligación de las principales autoridades de este centro de estudios de «iniciar las acciones correspondientes que la Ley determine para detectar y sancionar a los responsables de los cobros indebidos, en los plazos que determinan las normativas vigentes».
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