La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional conoció la situación actual relacionada con el allanamiento a la Dirección de Tecnologías de la Información y a la Dirección de Calidad y Evaluación Institucional de la Universidad Nacional de Educación (UNAE), por la presunta manipulación de su sistema informático.
Durante la comparecencia, Francisco Mendoza, rector subrogante, reafirmó el compromiso institucional con la transparencia, la legalidad y la excelencia académica. Explicó que, desde 2024, se ha dado seguimiento a los concursos de méritos y oposición para autoridades y docentes, procesos que han contado con la supervisión de la Asamblea Nacional y del Ministerio de Educación. Añadió que, tras múltiples solicitudes de información, se verificó que estos procedimientos cumplen con la normativa vigente, lo que garantiza equidad y transparencia en la selección del personal académico.
Sin embargo, señaló que en 2025 se detectaron posibles manipulaciones de datos en un nuevo concurso, lo que motivó a la universidad, en ejercicio de su autonomía, a solicitar la intervención de la Fiscalía del Cañar. El allanamiento autorizado permitió asegurar la integridad de los sistemas informáticos, recabar información relevante y garantizar la continuidad de las actividades académicas y administrativas.
El rector enfatizó que esta acción no paralizó el funcionamiento de la institución, sino que permitió el cierre normal del periodo académico y el resguardo de los procesos internos. Asimismo, explicó que, ante irregularidades y respuestas incompletas de la administración anterior, la actual gestión decidió acudir a instancias externas para evitar conflictos de interés y fortalecer la transparencia.
De su parte, el representante del Consejo de Educación Superior (CES) indicó que, en cumplimiento de sus atribuciones, se mantiene un monitoreo permanente de los hechos relacionados con la UNAE, que incluye la revisión de información pública y solicitudes de descargos, con el fin de elaborar un informe que garantice la observancia de los principios de legalidad, transparencia y seguridad jurídica.
Por su parte, la Fiscalía informó que se realizará una pericia técnica para la extracción de la información contenida en los equipos informáticos y, posteriormente, una pericia especializada para determinar si existió manipulación de los sistemas. Con base en estos resultados, se evaluará la existencia de indicios de delito y, de ser el caso, se iniciará la correspondiente investigación previa.
Durante la sesión, varias autoridades universitarias coincidieron en que el compromiso institucional incluye mantener la transparencia en los concursos de méritos y oposición, proteger los sistemas informáticos y la información académica, garantizar el normal desarrollo de las actividades y fortalecer la confianza de la ciudadanía en la gestión universitaria.
Finalmente, la presidenta de la mesa, Cecilia Baltazar, señaló que se dará seguimiento a este proceso, en coordinación con las autoridades competentes, con el objetivo de garantizar la transparencia, corregir errores y fortalecer la institucionalidad del sistema de educación superior.
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