Esta mañana se inauguró en el Campus Quito, el evento académico que pretende reflexionar sobre los aspectos esenciales en las áreas del Derecho Constitucional, Derecho Procesal y Derecho Administrativo, que desarrollan nuevos paradigmas en la sociedad global y en el Ecuador.
Participan asambleístas, jueces de la República, procuradores síndicos, profesores de Derecho Constitucional, Civil, Penal, Contencioso, abogados de la República, representantes de los gobiernos provinciales, municipios, instituciones de desarrollo y estudiantes de los últimos años de Derecho.
Será un espacio de reflexión para unir la experiencia internacional a la de nuestro país con el fin de compartir las mejores prácticas que ayuden a los actores de la justicia a dictaminar procesos jurídicos eficaces e independientes. Los participantes compartirán propuestas innovadoras de especialistas extranjeros y nacionales comprometidos con el desarrollo y aplicación de la justicia.
Se busca analizar la positivización, extensión y garantía jurisdiccional de los derechos fundamentales y del constitucionalismo en concordancia con la Constitución del Ecuador.
Aplicar el Derecho Administrativo en atención a la garantía de los ciudadanos frente a la actividad de las administraciones públicas y sus derechos a recibir servicios que garanticen un estándar de calidad de vida.
Analizar el alcance y el significado del Derecho Administrativo, con especial énfasis en la acción civil de protección de consumidores y usuarios, en las manifestaciones del principio acusatorio y penal.
El encuentro cuenta con el auspicio de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, del Tribunal Constitucional de España y de ASUEPE del Ecuador.
Acceso a la justicia
Según Leandro Despouy, el acceso a la justicia, en tanto derecho humano fundamental, representa para las personas la puerta de entrada a los distintos cauces, institucionales provistos por los Estados para la resolución de sus controversias. Esto significa que además de abstenerse de incurrir en violaciones, los Estados tienen la obligación positiva de remover los obstáculos que impiden o limitan su acceso.
En tanto medio para exigir el goce o restablecimiento de otros derechos (civiles, políticos, económicos sociales, culturales, etc.), el acceso a la justicia no se agota con el ingreso a la instancia judicial, sino que se extiende a lo largo de todo el proceso, que debe sustanciarse de conformidad con los principios que sustentan el estado de derecho (juicio justo, garantías procesales, etc.), y se prolonga hasta la ejecución de la sentencia. Así el principio de igualdad y las condiciones de accesibilidad y efectividad que deben reunir los medios establecidos para el tratamiento de las controversias deben darse no sólo al inicio sino a lo largo de todo el proceso de su resolución. La ausencia de medios idóneos de acceso a la justicia, en última instancia, priva a las personas del “derecho al derecho”, al negarle los medios reales para su efectivo ejercicio.
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