La Asamblea Nacional aprobó con 85 votos a favor el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado, Ley Antimafias, de iniciativa de la presidenta del Legislativo, Mishel Mancheno, y sustentado en el informe aprobado por la Comisión de Seguridad Integral. La normativa introduce reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), la legislación sobre drogas, la Ley Orgánica de Extinción de Dominio y el Código Orgánico de la Función Judicial, con el propósito de fortalecer la capacidad del Estado para investigar, perseguir y sancionar a las estructuras criminales, así como afectar sus fuentes de financiamiento.
Mancheno destacó que la normativa constituye una herramienta para combatir integralmente al crimen organizado, fortalecer la respuesta del Estado y devolver la tranquilidad a las familias ecuatorianas. “Vivir tranquilos no debería ser un privilegio”, expresó al referirse a la necesidad de proteger a la ciudadanía frente a las amenazas, extorsiones y desplazamientos provocados por las mafias.
Durante su intervención, explicó que la nueva ley apunta a perseguir a toda la estructura criminal, desde sus cabecillas y financistas hasta quienes reclutan personas, transportan armas, facilitan inmuebles y vehículos o alertan sobre los operativos de las autoridades. “Si la respuesta termina en sancionar únicamente a quien dispara, estamos dejando viva a toda la organización criminal”, enfatizó.
Asimismo, resaltó la cooperación técnica de Italia y la experiencia de ese país en la lucha contra las mafias, así como los aportes y observaciones de asambleístas de distintas bancadas, que contribuyeron a fortalecer y precisar el contenido del proyecto.
Al concluir, convocó a los legisladores a respaldar esta herramienta jurídica y ratificó su compromiso con la seguridad del país. “El país necesita seguridad y necesita herramientas para seguir combatiendo al crimen organizado. Yo voto por el Ecuador, yo voto en contra de las mafias”, enfatizó.
Por su parte, la asambleísta Inés Alarcón, ponente del informe, explicó que la reforma redefine las responsabilidades penales de quienes integran, dirigen, financian o colaboran con organizaciones criminales. Además, incorpora nuevos delitos relacionados con el reclutamiento de personas, el desplazamiento interno forzado y el confinamiento de comunidades mediante violencia o amenazas.
En materia de hidrocarburos, endurece las sanciones por almacenamiento, transporte, envasado, distribución, comercialización y refinación ilegal de petróleo, combustibles y sus derivados, así como por su sustracción y extracción clandestina. También establece agravantes cuando estas actividades financien organizaciones criminales, afecten infraestructura o el ambiente, o pongan en riesgo la vida de las personas.
La reforma fortalece el control de drogas sintéticas y precursores químicos, mediante la actualización de sustancias sujetas a fiscalización y el control de productos, equipos e infraestructura utilizados para su fabricación ilícita. Asimismo, mejora los procedimientos de incautación, análisis, custodia y destrucción de estas sustancias.
Entre las modificaciones también consta un régimen excepcional de acumulación de penas para tres o más delitos dolosos, autónomos e independientes, que podrá alcanzar hasta 60 años de privación de libertad. Se incorpora la cooperación eficaz, con beneficios condicionados a la entrega de información verificable y resultados concretos para identificar responsables y desarticular organizaciones criminales, sin aplicarse a delitos contra la vida ni contra la integridad sexual y reproductiva de niñas, niños y adolescentes.
Además, se establecen mecanismos de protección de la identidad de los jueces que conozcan causas de delincuencia organizada; la inhabilitación profesional de abogados y contadores que faciliten u oculten dolosamente delitos, mediante sentencia ejecutoriada; y el fortalecimiento de la recuperación, custodia, conservación y administración de bienes ilícitos, incluida su venta anticipada con autorización judicial y su asignación provisional para fines sociales.
Tras el debate, en el que participaron 18 asambleístas, la legisladora Alarcón mocionó la aprobación del texto íntegro.
El proyecto aprobado será remitido al presidente de la República para el trámite constitucional correspondiente.
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