Henry Cucalón, ministro de Gobierno y Juan Zapata, ministro del Interior comparecieron ante la Comisión de Enmiendas Constitucionales de la Asamblea Nacional, a fin de exponer sus criterios en torno al proyecto de reforma al artículo 158 de la Constitución que viabiliza el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.
Henry Cucalón destacó el trabajo realizado por la mesa legislativa que ha incorporado con prolijidad las observaciones presentadas durante el estudio del proyecto.
Aseguró que la propuesta inicial de reforma constitucional ha sido nutrida con múltiples fuentes de conocimiento, como son organismos internacionales, academia y sociedad civil que participaron en la deliberación de la nueva misión que deben tener las Fuerzas Armadas ante la grave crisis de seguridad.
Tras reiterar la necesidad de asegurar el uso legítimo de la fuerza para resguardar la seguridad e integridad de los ciudadanos, en el momento crítico que vive el país, enfatizó que la aparición del crimen organizado internacional necesita que reinventemos el rol de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional.
Expresó su preocupación por los niveles de violencia criminal que ponen en peligro la existencia misma del Estado, por el uso de armas largas, colocación de explosivos y la extrema crueldad con la que se cometen actos delictivos.
De su lado, el ministro del Interior, Juan Zapata coincidió con la exposición del ministro Cucalón. Expresó que existe la necesidad de adaptar el rol y el papel de las Fuerzas Armadas, en función de las nuevas amenazas que enfrenta el país, como es el crimen organizado con muchas aristas.
Advirtió que Ecuador vive los primeros hechos terroristas, como lo sucedido en Esmeraldas, lo que demanda la complementariedad de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional. “Lo que sucede en el país justifica que las dos instituciones trabajen en el combate al crimen organizado”, reiteró.
Insistió que hace falta nuevos mecanismos de cooperación a través de medidas de confianza mutua, a fin de mejorar la capacidad de las instituciones encargadas de la seguridad pública para proteger a la ciudadanía.
La presidenta de la comisión, Isabel Enrríquez solicitó a los comparecientes que remitan por escrito las observaciones, con el objetivo de considerarlas en la elaboración del informe para segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.
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