El subsecretario de Asuntos Multilaterales de Cancillería, Rafael Paredes, afirmó que el plan “deberá tomar en cuenta la realidad nacional y las prioridades del Estado en materia de seguridad y género”.
Señaló que este proceso constituye una oportunidad para generar un mecanismo de coordinación interinstitucional entre todas las funciones del Estado y la sociedad civil, para la ejecución de políticas públicas articuladas que logren empoderar a más mujeres en su rol de mediadoras, así como contrarrestar las causas de los conflictos que afectan de manera desproporcionada a mujeres y niñas, el acceso de más mujeres en puestos de toma de decisión; y, que se incluya una perspectiva de género en la prevención y solución de conflictos, así como una mayor efectividad en el ejercicio de los derechos de las mujeres en el sistema electoral y el sistema judicial.
La Resolución 1325 de Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad promueve la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el ámbito de paz y seguridad, puesto que reconoce el efecto desproporcionado que causan los conflictos armados en las mujeres y las niñas, así como el rol clave que desempeñan las mujeres en la prevención y la resolución de todo tipo de conflictos, y en la construcción y la consolidación de la paz.
La representante de ONU Mujeres en Ecuador, Ana Elena Badilla, explicó que la Resolución 1325 es la primera de diez resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que conforman la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad que, entre otras cosas, enfatiza la importancia de la participación de las mujeres en la construcción y consolidación de procesos de paz para asegurar acuerdos duraderos e integrales.
“La elaboración de un plan nacional de acción de manera participativa contribuirá a la prevención de conflictos con la contribución activa de las mujeres como gestoras de paz.”, recalcó Badilla.
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