Señores Magistrados del Tribunal Contencioso Electoral:

Los abajo firmantes hemos seguido con profunda preocupación las decisiones adoptadas por los organismos de las Funciones Judicial y Electoral del Estado ecuatoriano. Decisiones que, en los hechos, han traído como consecuencia la proscripción del sector político denominado Revolución Ciudadana, en abierta vulneración a los derechos de participación de las y los ecuatorianos.

Esta implacable persecución se manifestó inequívocamente cuando en el mes de agosto de este año, a menos de 24 horas de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocara oficialmente a elecciones, se eliminó, de manera ilegal e inconstitucional, al Movimiento Fuerza Compromiso Social, la lista 5. La proscripción de Compromiso Social no sólo contraviene disposiciones contenidas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, sino que vulnera diversos tratados internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano como son la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 23) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 25 y 26).

Frente a esta situación, la Revolución Ciudadana, cumpliendo con los plazos previstos en la normativa electoral ecuatoriana, inscribió para la próxima elección presidencial al binomio integrado por Andrés Arauz y Rafael Correa con el movimiento Centro Democrático, lista 1. Sin embargo, el pasado 7 de septiembre, en el lapso de 17 días, la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en un proceso plagado de arbitrariedades, despachó el recurso de casación presentado por la defensa técnica de Rafael Correa y dictó sentencia ejecutoriada en contra del exmandatario por el delito de cohecho. Esto trajo aparejada la suspensión de sus derechos políticos y, por lo tanto, la imposibilidad de Rafael Correa de participar en la contienda electoral de febrero de 2021.

En este escenario, conforme lo establece el Reglamento de Inscripción de Candidaturas y cumpliendo lo dispuesto por el CNE, Centro Democrático, inscribió a un nuevo binomio presidencial integrado por Andrés Arauz y Carlos Rabascall. Sin embargo, el 06 de octubre de 2020, el Juez Electoral, Fernando Muñoz, contraviniendo la normativa ecuatoriana que establece que sólo los sujetos políticos participantes en el proceso electoral tienen legitimidad activa para ejercer los recursos electorales y jurisdiccionales, procedió a admitir una apelación presentada ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por un integrante de una organización política de alcance provincial a la decisión del CNE de permitir la participación política de la Revolución Ciudadana.

El proceso jurisdiccional se encuentra aún pendiente de resolución por parte del TCE, y su decisión podría dejar al margen de la participación política a Centro Democrático.

Frente a este nuevo intento de proscribir al binomio presidencial de la Revolución Ciudadana, los grandes medios de comunicación buscan incidir en este proceso, incluso señalando a la opinión pública la posibilidad de sanciones a magistrados electorales y miembros del CNE que den paso a la participación del binomio Arauz-Rabascall.

En este sentido, quienes suscribimos la presente carta, manifestamos lo siguiente:

1. Que es deber primordial de la Función Electoral garantizar el ejercicio pleno de los derechos de participación política de todas y todos los ecuatorianos, sin discriminación alguna por razones ideológicas, políticas o de cualquier otra índole,
2. Que conforme se ha manifestado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los derechos políticos y particularmente el derecho a elegir y ser elegido, adquieren una doble dimensión: por un lado, el derecho de la ciudadanía a participar de los procesos electorales como candidatos o candidatas o como votantes y por otro lado, el derecho de las y los electores a elegir a su candidato o candidata de preferencia en ejercicio del derecho al sufragio. En este sentido, el Estado tiene la obligación de garantizar la participación amplia, diversa y plural en el proceso electoral de todas las fuerzas políticas sin restricción alguna.
3. Que conforme establece el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Estado, esto es, todas sus instituciones, deben abstenerse de realizar actos que restrinjan el ejercicio pleno de los derechos de las y los ciudadanos.
4. Que el artículo 328 de la ley electoral ecuatoriana determina que en ningún caso podrá negarse la inscripción de una candidatura, sino que, ante el incumplimiento de algún requisito, la organización política deberá subsanar el impedimento y podrá ser presentado el binomio presidencial.

Por lo expuesto, hacemos un llamamiento al Tribunal Contencioso Electoral del Ecuador a actuar en el marco de lo que establece la ley ecuatoriana y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, garantizando la participación de todas las fuerzas políticas, en cumplimiento de la normativa electoral vigente, y asegurando la existencia de elecciones libres, democráticas y transparentes.

Instamos a los organismos internacionales de observación, vigilancia y control electoral, y a la comunidad internacional en general, a mantenerse alerta ante la situación jurídico- electoral en el Ecuador para garantizar el ejercicio de la democracia en las elecciones presidenciales de febrero del 2021.

1.    Gerardo Pisarello, miembro del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD)
2.    Baltazar Garzón, miembro del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD)
3.    Carol Proner, miembro del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD)
4.    Adoración Guamán, miembro del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD)
5.    Gisele Ricobom, miembro del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD)
6.    Oswaldo Ruíz, miembro del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD)
7.    Harold Correa, miembro del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD)
8.    Larissa Ramina, miembro del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD)
9.    Enrique Santiago, miembro del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD)
10.    Gisselle Citadino, miembro del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD

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