La Constitución de la República reconoce, en el artículo 18 numeral 1, el derecho de todas las personas, de forma individual y colectiva, a buscar, intercambiar, producir, difundir y recibir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general y con responsabilidad ulterior.
En este marco, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación expresa su inquietud por el tratamiento informativo que han asumido ciertos medios de comunicación social que, en el tema de las salvaguardias arancelarias, inducen a una comprensión parcializada sobre las decisiones económicas adoptadas por el Estado ecuatoriano. Tanto los titulares periodísticos como el cuerpo de las noticias se muestran con enfoques especulativos y sin mayor interés por profundizar en la explicación del alcance de la medida que, según fuente oficial, apenas involucra un tercio del 9% del total de bienes ofertados en el mercado.
Con preocupación constatamos-afirma el Cordicom- que esta información difundida sobre las salvaguardias, incluso antes de que estas entren en vigor, han provocado, por incompletas, los primeros casos de abusos y alteraciones arbitrarias de los precios de algunos productos que ni siquiera están en la lista afectada y por tanto, tal situación podría ocasionar la vulneración de los derechos ciudadanos y causar conmoción social.
Frente a este escenario, agrega, el Consejo invita a cumplir con la responsabilidad que tienen todos los medios de comunicación, cuyo servicio debe encaminarse a promover la participación ciudadana mediante el debate y entendimiento cabal de los grandes temas nacionales, bajo la observancia de las normas deontológicas básicas del oficio periodístico a fin de proteger el interés superior del pueblo ecuatoriano.