La titular de la Defensoría del Pueblo, Gina Benavides, aseguró que exigir el pasaporte puede poner a los potenciales migrantes venezolanos en una situación de vulnerabilidad que los hace blanco fácil de traficantes y redes de trata de personas.

‘Estamos haciendo una valoración y vamos a utilizar nuestras competencias constitucionales para otorgar garantías’, expresó Gina Benavides.

La Defensoría del Pueblo cursó el  viernes 17 de agosto  una carta al presidente Lenín Moreno, en la que manifiesta su preocupación por la disposición y advierte sobre obstáculos que impiden la fluidez del proceso migratorio como la escasez de albergues, el limitado acceso a alimentos y atención médica, a la vez que alerta sobre la creciente xenofobia.

Desde inicios de 2018 aproximadamente 547.000 venezolanos han ingresado a Ecuador a través de la frontera colombiana, a un promedio diario de entre 2.700 y 3.000 hombres, mujeres y niños, estima el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (Acnur).

El requerimiento de pasaporte a los venezolanos que migren a Ecuador fue anunciado el jueves por el ministro del Interior, Mauro Toscanini, tras una reunión en el Palacio de Gobierno, en la que participó el mandatario.“El Gobierno ecuatoriano, en línea con su lucha frontal contra los delitos como la trata y el tráfico de personas, a partir de este sábado exigirá que todas las personas que entren a Ecuador presenten obligatoriamente su pasaporte. Al mismo tiempo, exhortamos al Gobierno venezolano para que, de una vez, haga todos los esfuerzos políticos y, sobre todo, sociales con el fin de que sus ciudadanos no tengan que pasar por la muy difícil situación de dejar su país»,