En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, Colombia avanza en un proceso estratégico para fortalecer la evaluación y sistematización de sus políticas educativas en los niveles de educación preescolar, básica y media. Esta iniciativa, liderada por el Ministerio de Educación Nacional en articulación con la Universidad del Magdalena y con el acompañamiento técnico del IIPE UNESCO en América Latina y el Caribe, busca generar evidencia, aprendizajes y orientaciones que contribuyan a mejorar la calidad, la equidad y la pertinencia del sistema educativo en todo el territorio nacional.
En un país caracterizado por una amplia diversidad territorial y social, los avances y desafíos se expresan de manera diferenciada en cada región, especialmente en zonas rurales, dispersas y en territorios históricamente afectados por desigualdades. Por ello, el proyecto reconoce la necesidad de la evaluación como una herramienta al servicio de la mejora educativa y una necesidad clave de la gestión pública que permite comprender no sólo los resultados de las políticas educativas, sino también los procesos, condiciones y contextos en los que se implementan.
La iniciativa tiene como propósito sistematizar, analizar y comunicar los aprendizajes derivados de la implementación de cinco estrategias educativas del país dependientes del Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media: la educación inicial con atención integral, la formación integral con resignificación de la jornada escolar, los Sistemas Integrados de Educación Media y Superior (SIMES), el fortalecimiento del poder pedagógico docente y el desarrollo de capacidades territoriales.
«Este proyecto de evaluación de políticas públicas es sumamente relevante. Es un ejercicio muy importante y fundamental de rendición de cuentas, que tiene que ver no solo con un ejercicio de transparencia, sino, fundamentalmente, con un impulso al fortalecimiento de la democracia. Su carácter participativo y territorial son rasgos claves del proceso evaluativo que se está llevando adelante.»
Este proceso se concibe como una herramienta fundamental para promover la toma de decisiones basada en evidencia, mejorar la transparencia en la gestión pública y promover una mayor apropiación social de la información por parte de las comunidades educativas. Asimismo, busca contribuir a la mejora continua de las políticas, identificando tanto los logros alcanzados en materia de gestión como los retos pendientes en su implementación.
«Lo más importante es que un Ministerio de Educación Nacional involucre a las diversidades, a las universidades, a los académicos y científicos para pensar y reflexionar sobre lo que han sido las políticas de educación en estos últimos años.»
La evaluación se enmarca en un enfoque de derechos, reconociéndola como un elemento clave para la reducción de desigualdades en educación en pos de sociedades más justas. En este sentido, la evaluación no se limita a medir resultados cuantitativos, sino que analiza en qué medida las políticas contribuyen a garantizar el acceso, la permanencia, la pertinencia y la calidad educativa para todos los grupos poblacionales.
Sistematizar aprendizajes para transformar las políticas
El análisis y la recuperación de experiencias ocupa un lugar central en este proceso. Más allá de recopilar información, se trata de un ejercicio reflexivo que busca interpretar las experiencias de implementación, relacionar acciones con resultados y generar conocimiento útil para el diseño y ajuste de políticas públicas.
«A través de esta evaluación se busca identificar cuáles han sido los avances de la política, cuáles han sido esos grandes logros, pero también cuáles son los desafíos.»
Este enfoque permite capturar aprendizajes que no siempre son visibles en los indicadores tradicionales, como las innovaciones pedagógicas, las dinámicas de articulación institucional o las estrategias desarrolladas por las comunidades para enfrentar desafíos locales. A partir de ello, se espera generar recomendaciones que contribuyan a fortalecer la política educativa en el corto, mediano y largo plazo.
Una apuesta para la mejora institucional y territorial
El proceso de evaluación y sistematización se inserta en una visión más amplia de fortalecimiento institucional, que reconoce el papel de las entidades territoriales y las comunidades educativas como actores clave en la implementación de las políticas. En este sentido, la iniciativa busca no solo generar evidencia, sino también mejorar capacidades locales para la gestión, el monitoreo y la mejora de la educación.
«Seguramente estos resultados van a darnos pie para seguir transformando aún más estas iniciativas de formación integral en educación inicial, básica y media.»
Al incorporar enfoques territorial, diferencial y participativo, el proyecto contribuye a construir una política educativa más sensible a las realidades locales, capaz de responder a las necesidades de contextos diversos y de reducir las brechas existentes entre regiones.
A través de esta iniciativa, Colombia impulsa una agenda de evaluación y mejora continua orientada a consolidar un sistema educativo más equitativo, inclusivo y basado en evidencia. El proceso reafirma el papel de la evaluación como una herramienta estratégica para garantizar el derecho a la educación y ampliar las oportunidades de aprendizaje en todo el territorio.