Educación Superior de calidad es un derecho de todos los jóvenes

Así lo manifestó el economista René Ramírez, presidente del Consejo de Educación Superior (CES), durante la rueda de prensa ofrecida este 30 de abril.

El titular del CES y de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT, mantuvo un dialogo con la prensa para anunciar al país la sanción a la Universidad Técnica de Esmeraldas “Luis Vargas Torres” por no respetar la gratuidad de la educación superior hasta el tercer nivel, y para dar a conocer la nueva fórmula de reparto de los recursos del Estado a favor de las universidades y escuelas politécnicas de mayor calidad, que responden a las necesidades del país, que desarrollan investigación, que forman profesionales de excelencia en áreas indispensables.

Ramírez dijo que la calidad debe ser el referente de la educación superior, en esa búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la perfección y la elevación en la producción y transmisión del pensamiento y conocimiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento permanente.

En esta perspectiva, cada institución del sistema de educación superior debe realizar procesos de autoevaluación para mejorar la calidad de sus carreras y programas académicos, y, finalmente, mejorar la administración de los recursos. En este punto, subrayó que en muchas universidades prevalece una «sobreadministración», un exceso de burocracia que focaliza el gasto en actividades administrativas, en desmedro de la docencia, de la investigación, de la calidad y del mejoramiento de las condiciones laborales de los profesores. Precisó que solo el 33% de los recursos se destina al pago de docentes.

Puso como ejemplo de la mala administración, el hecho de que las instituciones de educación superior no logran ejecutar el 100% de los recursos; solo en el año 2012 no ejecutaron cerca de 200 millones de dólares.

Reiteró que la educación superior debe responder a las expectativas y necesidades de la sociedad y la planificación nacional, articulando su oferta docente, de investigación y actividades de extensión a la formación de un ser humano integral en armonía con su entorno social y ambiental.

Financiamiento

René Ramírez explicó que durante muchos años el Ecuador le ha asignado un tratamiento preferencial a las Instituciones de Educación Superior públicas, las que en su conjunto reciben el 83% de los recursos que destina anualmente el Estado, ello porque son las que deben garantizar la gratuidad, porque su funcionamiento depende de los recursos que se les transfiere y particularmente porque están irrenunciablemente ligadas al interés del país. Este enfoque continuará siendo el eje central de la política pública en materia de financiamiento.

Recordó que Ecuador, comparativamente a nivel mundial, realiza un enorme esfuerzo en el financiamiento de la Educación Terciaria, mientras que en la gran mayoría de los países de la región el gasto público en educación superior como porcentaje del PIB es inferior al 1%, en Ecuador en el año 2012 esta cifra se sitúa alrededor del 1,95% , lo que evidencia el compromiso del Estado y del Gobierno con la educación terciaria, con la gratuidad, con el mejoramiento de la calidad, con la excelencia, pertinencia y equidad.

Sin embargo, a pesar de la ingente inversión nuestros resultados en cobertura, pertinencia y calidad son menores al de países cuyo gasto público en ES como porcentaje del PIB es significativamente inferior. Situación que exige mejorar la eficiencia de lo que se invierte, singularmente porque la ES la pagan los contribuyentes, la sociedad ecuatoriana en su conjunto.

Mejorar la eficiencia es un imperativo ético, las instituciones de educación superior y los organismos que la regulan debemos comprometernos en consolidar una política de responsabilidad en el uso de los recursos que la sociedad nos otorga, puntualizó René Ramírez.

La dificultad en el Ecuador NO ES LA FALTA DE RECURSOS. Los estudios realizados evidencian que luego de financiar la gratuidad se obtiene un excedente de alrededor de 200 millones de dólares, precisó.

El Gobierno Nacional no ha optado ni optará por trasladar el financiamiento a los propios estudiantes y sus familias a través de voucher, becas o préstamos, porque estamos convencidos que la educación superior de calidad es un derecho de todos los jóvenes y que su crecimiento y transformación no puede estar basado solo en el esfuerzo o endeudamiento de las familias, destacó Ramírez.

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