El jueves 10 de marzo de 2016 la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional del Ecuador sesionó con el fin de tratar la ratificación del Tratado de Marrakech para facilitar el acceso de las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso.
Ecuador embanderó la lucha y la iniciativa para establecer el Tratado de Marrakech desde el año 2009, y su ratificación permitirá el intercambio transfronterizo de obras en formato accesibles como: audiolibros, formato braille y textos en letra grande.
El informe de la Comisión Legislativa en referencia a la ratificación del Tratado de Marrakech está previsto para los próximos días y posteriormente, se planifica su tratamiento en el pleno de la Asamblea Nacional.
Entre los objetivos principales del Tratado de Marrakech se contempla que los países ratificantes tengan excepciones a los derechos de autores domésticos para beneficio de las personas ciegas o con dificultades de lectura y que permitan la importación y exportación de las versiones accesibles de libros u otros materiales sin el permiso del titular de los derechos de autor.
La reunión de este jueves 10 de marzo contó con la participación de varios asambleístas pertenecientes a la Comisión, su presidenta, María Augusta Calle, e invitados especiales como José Rosemberg, Subsecretario de Organismos Internacionales Supraregionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; Ramiro Rodríguez, Director Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual; Nicholas Hoekstra, Asesor de Educación del Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano y Mario Puruncajas, Presidente de la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador.
Al iniciar la sesión, María Augusta Calle resaltó la importancia de ratificar el Tratado de Marrakech e indicó que “es uno de los tratados más nobles a los que se podría unir nuestro país, pues beneficiará a las personas no videntes posibilitando su acceso a textos impresos sin pasar por todo el camino que implican los derechos de autor”.
Durante su intervención, Nicholas Hoekstra destacó la importancia de ratificar este tratado multilateral, el mismo que fue adoptado el 27 de junio de 2013 y entrará en vigor una vez que 20 países ratifiquen su adhesión. “Hasta el momento, solo 15 países han ratificado el Tratado de Marrakech, hace falta la decisión de 5 países adicionales, pero estamos en buen camino. Para el año 2016, tenemos muchas posibilidades de que este tratado entre en vigencia”, añadió.
Además, Hoekstra insistió en que no solo las personas con discapacidad visual puede beneficiarse de la implementación del Tratado, pues existen otros grupos de personas con discapacidad intelectual, física o neurológica que también encuentran limitaciones en su acceso a los textos ya que no pueden seguir las letras en una página, manipular un libro o extraer el significado de un texto, entre otras dificultades que estarían subsanadas con las facilidades que prestan los materiales en formatos accesibles.
El Asesor de Educación del Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano mencionó que la falta de disponibilidad de información en diferentes formatos no solo implica dificultades de acceso al conocimiento para las personas con discapacidad sino múltiples limitaciones de participación en la educación, cultura y gobierno.
El Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano y las instituciones que se encuentran bajo su coordinación, han tomado la decisión de que todos los materiales que sean producidos por las entidades mencionadas, deben incluir versiones en formatos accesibles con el objetivo de promover la inclusión y la igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía en el proceso de construcción de la sociedad del conocimiento que se impulsa en el Ecuador.
Por su parte, Ramiro Rodríguez, señaló que en el mundo existen alrededor de 300 millones de personas con discapacidad visual y es necesario un régimen equilibrado de propiedad intelectual que a su vez reconozca el derecho, de la sociedad en general, de acceder al conocimiento.
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