En 50 millones de dólares aumentará la asignación de recursos para las universidades categoría A, como resultado de la aprobación de la nueva fórmula de distribución de recursos públicos a favor de las instituciones de educación superior del Ecuador.
René Ramírez, presidente del Consejo de Educación Superior (CES), indicó que la nueva asignación que reciba una institución dependerá de su calidad, excelencia, eficiencia administrativa, eficiencia académica y pertinencia.
El funcionario señaló que durante muchos años Ecuador otorgó un tratamiento preferencial a las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas, las que en su conjunto reciben el 83% de los recursos que destina anualmente el Estado, pues son las que deben garantizar la gratuidad de la educación y su funcionamiento depende de los recursos que se les transfiere. Además, están irrenunciablemente ligadas al interés del país. “Este enfoque continuará siendo el eje central de la política pública en materia de financiamiento”, señaló.
Ramírez indicó que la dificultad en el Ecuador no es la falta de recursos. “Luego de financiar la gratuidad se obtiene un excedente de alrededor de 200 millones de dólares. Uno de los problemas que limitan el desarrollo financiero de la educación superior consiste en que las IES no lograron ejecutar el 100% de los recursos. En 2012 no ejecutaron cerca de 200 millones de dólares”, sostuvo.
Asimismo, expuso que en diversas universidades prevalece una «sobreadministración», un exceso de burocracia que focaliza el gasto en actividades administrativas, en vez de priorizarlo en el deterioro de la docencia, investigación, calidad y mejoramiento de las condiciones laborales de los profesores. “Sólo el 33% de los recursos se destina al pago de docentes”, acotó.
“Hasta ayer predominaba un modelo de distribución adverso, altamente inequitativo y que contradice en muchos aspectos a la Constitución y la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES 2010), situación que comenzará a cambiar con la nueva fórmula de distribución”, concluyó.
El nuevo modelo aprobado garantizará una relación positiva entre asignación y calidad. En 2013 las instituciones públicas categoría A recibirán 52,3 millones más que en 2012. Esto permitirá reducir la brecha entre las instituciones que más y menos reciben por estudiante en una relación de 21 a 1 antes de la nueva fórmula; a 4 a 1, promoviendo así un reparto más equitativo, además de garantizar a cada institución la transferencia de recursos suficientes para financiar la gratuidad.