Por: Wilson Zapata Bustamante
Director de Ecuador Universitario
El tema de los conflictos surgidos a raíz del examen único de ingreso a las instituciones de educación superior, en el que los jóvenes rechazados invocan a su favor “el derecho a la educación”, es tema fundamental para establecer políticas justas de regulación de acceso a la enseñanza universitaria.
Considerando primero el derecho a la educación en nuestra legislación y éste en el marco de los derechos humanos, al igual que las disposiciones que aparecen en cuestión de educación en el derecho internacional y en los instrumentos jurídicos internacionales, en nuestra legislación también existen limitaciones. Prescindiendo por un momento de los problemas de su gratuidad, la lógica jurídica sugiere que, al no ser ésta obligatoria, hay un cambio cualitativo en la relación jurídica que se establece entre el individuo y los niveles posobligatorios como objeto de su derecho, no en un concepto abstracto, sino en cuanto a la exigibilidad de su concreción particular.
Es obvio que nadie, en ningún país del mundo, tiene derecho a estudiar precisamente en una institución pública determinada y que cada institución tiene competencia para establecer sus propias normas de admisión y selección y sus políticas de crecimiento con el fin de preservar y mejorar sus niveles académicos.
Sin embargo, en las realidades que viven los y las jóvenes ecuatorianas, que provienen sin culpa de hogares muy pobres, que no saben hablar, no escriben con mínima corrección, no relacionan hechos o conceptos, sin culpa de ello, por razones que denominamos estructurales, no cumplen las condiciones para ejercer su derecho a continuar estudiando.
¿Qué les ofrece el país si se quedan fuera de la educación superior?, ¿En nombre del derecho y con la espada legitimadora de la evaluación, los condenaremos a la frustración y la exclusión? Estas son preguntas que nos enfrentan a disyuntivas para escoger entre dos males: aceptar que nuestras instituciones de educación superior, al admitir a esos jóvenes, bajen su calidad y se extienda la mediocridad ya preocupante del sistema educativo, o aplicar el derecho y suprimir de tajo las posibilidades humanas de estos jóvenes, que son multitud.
Tendientes a impulsar una estrategia de reformas se debe citar la reorganización académica, que en congruencia con las demandas del contexto social se realice la revisión de las carreras que se ofrecen, los nuevos perfiles educativos y las metodologías de desarrollo curricular. Asimismo hay que referirse a la vinculación, la calidad y la efectividad, la eficiencia, equidad y responsabilidad.
Aunque la provisión de educación superior no sea un capítulo de la política social, tampoco puede ser descuidada por el gobierno, ya que la educación superior tiene importancia vital para el desarrollo general de la sociedad. Ante esta relevancia, considero que se requieren políticas gubernamentales explícitas, tanto a nivel interno como a nivel internacional; el conocimiento de la realidad del sector de la educación superior en América Latina sería un primer paso para pensar en políticas concertadas.
Debemos consolidar una educación de calidad, solo de ese modo modernizaremos nuestras economías, podremos competir en el mundo y resolver los problemas de nuestras sociedades.
Las transformaciones educativas deben ser políticas de Estado, ejecutadas a corto, mediano y largo plazo, por encima de las coyunturas y con la mayor participación de todos los actores del sistema de educación superior, de los sectores políticos y sociales.
Deben implicar metas nacionales de manera que su continuidad programática y financiera esté garantizada; sin embargo, el Estado por sí solo no podrá responder a esos desafíos, por lo que resulta indispensable, dentro del proceso de modernización de la educación, comprometer a todos los sectores sociales.
También es importante empezar a crear sociedades científicas que evalúen, con criterios de calidad, la política nacional de ciencia y tecnología.
Hay que subrayar que no contamos con un proyecto de nación, hay planes de gobierno, pero no proyecto de nación, desperdicio de talentos, falta de democracia y no existe una política científica y tecnológica nacional.
Además, hay que tomar en cuenta la importancia de la divulgación científica, ya que entre otros aspectos, además de incrementar la colaboración entre investigadores, una divulgación diseñada para la industria permitirá incorporar los nuevos conocimientos, crear tecnología propia y una industria nacional. En general, la política científica del Ecuador es circunstancial, desarticulada, mal orientada y sin recursos.