El sexto informe de la serie GEM, Tecnología en la educación: ¿Una herramienta en los términos de quién?, insta a los países a establecer sus propias condiciones para el diseño y el uso de la tecnología en la educación, de modo que nunca sustituya a la enseñanza presencial dirigida por docentes y contribuya al objetivo común de una educación de calidad para todos.
El informe propone cuatro preguntas que pueden orientar a los responsables de las políticas y a los actores del ámbito educativo a la hora de decidir cómo utilizar la tecnología en la educación:
1. ¿Es adecuada?
El uso de la tecnología puede mejorar determinados tipos de aprendizaje en ciertos contextos. El informe cita evidencia que muestra que los beneficios para el aprendizaje desaparecen si la tecnología se utiliza en exceso o sin un docente cualificado. Por ejemplo, distribuir computadoras al alumnado no mejora por sí solo el aprendizaje sin la participación de docentes con la formación adecuada. Se ha demostrado que los teléfonos inteligentes en las escuelas distraen del aprendizaje; sin embargo, menos de una cuarta parte de los países prohíbe su uso en los centros educativos.
Las desigualdades de aprendizaje entre estudiantes aumentan cuando la enseñanza es exclusivamente a distancia y cuando los contenidos en línea no se adaptan al contexto. Un estudio de colecciones de recursos educativos abiertos reveló que casi el 90 % de los repositorios en línea de educación superior se creó en Europa o América del Norte; el 92 % del material de la biblioteca mundial OER Commons está en inglés.
2. ¿Es equitativa?
Durante la pandemia de COVID-19, la rápida transición al aprendizaje en línea dejó fuera al menos a 500 millones de estudiantes en todo el mundo, afectando principalmente a los más pobres y a quienes vivían en zonas rurales. El informe subraya que el derecho a la educación es cada vez más indisociable del derecho a una conectividad significativa. Sin embargo, una de cada cuatro escuelas primarias ni siquiera dispone de electricidad. Por ello, insta a todos los países a establecer puntos de referencia para conectar las escuelas a Internet de aquí a 2030 y a seguir dando prioridad a las personas más marginadas.
3. ¿Puede aplicarse a gran escala?
Se necesita más que nunca evidencia sólida, rigurosa e imparcial sobre el valor añadido de la tecnología para el aprendizaje, pero esta sigue siendo insuficiente. La mayor parte de la evidencia procede de Estados Unidos, donde What Works Clearinghouse señaló que menos del 2 % de las intervenciones educativas evaluadas contaba con «evidencia sólida o moderada de eficacia». Cuando la evidencia procede únicamente de las propias empresas tecnológicas, existe el riesgo de que esté sesgada.
Muchos países no tienen en cuenta los costos a largo plazo de las adquisiciones de tecnología, y el mercado de la tecnología educativa sigue creciendo mientras las necesidades básicas de la educación continúan sin atenderse. El costo de implantar un aprendizaje digital básico en los países de ingresos bajos y de conectar todas las escuelas a Internet en los países de ingresos medianos bajos aumentaría en un 50 % su déficit actual de financiación para alcanzar las metas nacionales del ODS 4. Una transformación digital integral de la educación, con conectividad a Internet en las escuelas y los hogares, costaría más de 1.000 millones de dólares diarios solo para mantenerla en funcionamiento.
4. ¿Es sostenible?
El rápido ritmo del cambio tecnológico está sometiendo a los sistemas educativos a una fuerte presión para adaptarse. La alfabetización digital y el pensamiento crítico son cada vez más importantes, especialmente con el auge de la inteligencia artificial generativa. Este proceso de adaptación ya ha comenzado: el 54 % de los países ha definido las competencias que desea desarrollar para el futuro. Sin embargo, solo 11 de los 51 gobiernos encuestados cuentan con planes de estudio sobre inteligencia artificial.
Además de estas competencias, no debe descuidarse la alfabetización básica, que también es esencial para utilizar la tecnología digital: los estudiantes con mejores competencias lectoras tienen muchas menos probabilidades de dejarse engañar por correos electrónicos de suplantación de identidad. Asimismo, el profesorado necesita una formación adecuada, pero actualmente solo la mitad de los países cuenta con normas para desarrollar sus competencias en tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Pocos programas de formación docente abordan la ciberseguridad, pese a que el 5 % de los ataques de secuestro de datos tiene como objetivo el sector educativo.
La sostenibilidad también exige una mayor protección de los derechos de quienes utilizan la tecnología. Actualmente, solo el 16 % de los países garantiza por ley la privacidad de los datos en la educación. Un análisis reveló que el 89 % de 163 productos de tecnología educativa podía vigilar a los menores. Además, 39 de los 42 gobiernos que ofrecieron educación en línea durante la pandemia promovieron usos que «ponían en riesgo o vulneraban» los derechos de la infancia.
También es necesario garantizar que se tengan en cuenta los costos a largo plazo para nuestro planeta. Según una estimación, prolongar un año la vida útil de todas las computadoras portátiles de la Unión Europea permitiría evitar unas emisiones de CO₂ equivalentes a retirar de la circulación casi un millón de automóviles.
El informe nos invita a aprender de los errores cometidos en el uso de la tecnología en la educación para no repetirlos en el futuro. La campaña #TechOnOurTerms reclama que las decisiones sobre tecnología educativa den prioridad a las necesidades del alumnado, tras evaluar si su aplicación sería adecuada, equitativa, basada en evidencia y sostenible. Debemos enseñar a los niños y las niñas a vivir tanto con la tecnología como sin ella; a extraer lo que necesitan de la abundancia de información y dejar de lado lo que no hace falta; y a permitir que la tecnología apoye, sin sustituir nunca, las interacciones humanas en la enseñanza y el aprendizaje.
Principales conclusiones
- Los productos de tecnología educativa cambian, de media, cada 36 meses.
- Solo el 40 % de las escuelas primarias del mundo está conectado a Internet.
- El 54 % de los países cuenta con normas sobre competencias digitales.
- Solo el 16 % de los países garantiza explícitamente por ley la privacidad de los datos en la educación.
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