La Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias explica que en las costumbres de organización económica de los pueblos ya existían los gérmenes de lo que serían la EPS y las FPS, así como también en las formas organizativas cooperativistas, asociativas y comunitarias que se desarrollaron en el mundo como respuesta a la lógica de acumulación capitalista, concentradora y excluyente. Estas sociedades de personas, no de capitales, se distinguieron por privilegiar la propiedad colectiva a través de los principios del trabajo asociativo, la democracia interna e igualitaria, la equidad, la solidaridad, el respeto a la naturaleza y el reconocimiento del saber local.
Los orígenes en Ecuador
Antes de la Constitución de 2008, las expresiones de economía y de finanzas populares y solidarias fueron marginalmente reconocidas, lo que llevó a que su participación en el desarrollo local, regional y nacional fuera limitada. Entre las primeras intervenciones o políticas de desarrollo dirigidas a este sector hay que citar la Ley de Cooperativas, la Ley de Comunas y el Código de Trabajo decretados durante dictadura de Enríquez Gallo en 1937, y la última Ley de Cooperativas de 1966, también decretada en dictadura. Entre 1961 y 2007, hubo una Dirección Nacional de Cooperativas que funcionó con altos niveles de ineficiencia y corrupción.
A partir de los años 60 del siglo pasado aparecieron significativamente iniciativas de ahorro y crédito, así como de esfuerzos no gubernamentales de financiamiento a la producción de la población de menores ingresos.
En adelante, se instauraron programas e instituciones para el fomento del sector como el Centro Nacional de la Pequeña Industria y Artesanía, CENAPIA, en 1978; el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, CIDAP, en 1975; el Instituto Andino de Artes Populares, IADAP, en 1977, y la Organización Comercial Ecuatoriana de Productos Artesanales, OCEPA, en 1975. Para el sector rural, a partir de 1980 se impulsó el Fondo de Desarrollo Rural Marginal (FODERUMA); los proyectos de Desarrollo Rural Integral (DRI); el Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador (PRODEPINE), el Fondo de Inversión Social (FISE) y otros llevados a cabo por organizaciones no gubernamentales.
Todas estas instituciones y programas respondieron a enfoques que prevalecieron en las distintas épocas, así: desarrollo comunal hasta mediados de los años 50; sistemas de producción, en los 60; generación y transferencia de tecnología (la llamada Revolución Verde), reforma agraria y desarrollo rural integral, hasta los 70, y fondos de inversión, hasta los 90. La mayoría de las veces, estos enfoques fracasaron por no haber considerado las lógicas y capacidades locales, el funcionamiento y organización de los sistemas de producción de los campesinos y pequeños productores, los mecanismos de dominación y de poder, y por no haber establecido estrategias de integración de lo local y regional con las políticas nacionales de desarrollo.
El reconocimiento de la EPS y de las FPS
La Constitución de 2008 define al sistema económico ecuatoriano como social y solidario y reconoce, por primera vez en la historia, al sector económico popular y solidario. En su artículo 311 determina que el sector financiero popular y solidario se compone de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro.
A partir de entonces la economía y finanzas populares y solidarias fueron contempladas en los planes nacionales para el buen vivir y en los instrumentos jurídicos que normaron la economía nacional, como el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; el Código Orgánico Financiero y Monetario; la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y otros. Se crearon el Instituto de Economía Popular y Solidaria, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y lo que hoy es la CONAFIPS.
Nueve años de la CONAFIPS
En 2008, se denominó Programa Sistema Nacional de Microfinanzas; en 2009, pasó a ser Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía Solidaria. Finalmente, con la promulgación de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario –LOEPS–, el 10 de mayo de 2011 se creó la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias como entidad financiera de derecho público, dotada de personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, con jurisdicción nacional. La CONAFIPS inició su gestión el 28 de diciembre de 2012 con la aprobación de su Estatuto Social por parte de Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
Actualmente, la Corporación ofrece productos y servicios financieros de segundo piso para fortalecer a las organizaciones del sector financiero popular y solidario en el desarrollo y prestación de mecanismos de financiamiento apropiados a las necesidades de la población de la economía popular y solidaria.
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