Para poner en perspectiva lo que está sucediendo en la educación superior del Ecuador, veamos el análisis que hizo el 8 de noviembre de 2011, el doctor Moisés Tacle, ex rector de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL).

Dijo el Dr. Tacle:

Han transcurrido 3 años de la Constitución de Montecristi y hay el tiempo y algunas evidencias empíricas para analizar, con mayor conocimiento de causas, los impactos de la gratuidad, la equidad y la calidad de la educación en el tercer nivel en las universidades y escuelas politécnicas públicas.

Desde el discurso oficial la gratuidad es una estrategia idónea para promover la equidad social en la educación superior, con lo cual estamos de acuerdo, pero para ello es menester introducir profundos cambios relacionados con la calidad integral de las escuelas y colegios públicos, receptores de la mayor cantidad de estudiantes de los sectores populares.

De mantenerse los indicadores de ignominia que caracterizan a muchas escuelas y colegios públicos, en especial del área rural y los sectores urbano-marginales, variará muy poco la proporción de bachilleres de los sectores populares que ingresen a las universidades públicas de excelencia académica que es el segundo factor de equidad, pues no basta que accedan los pobres a la educación universitaria sino, además, se requiere que tengan educación de calidad y que haya un conjunto de factores que hagan posible obtener un título profesional avalado por la excelencia institucional y producto de los méritos académicos del estudiante.

Cuando todo ello ocurre la educación genera equidad, cohesión y movilidad sociales, transformándose así en el factor más trascendente de la política social de un país.

Cuando el acceso es solo un indicador estadístico del que se derivan la deserción estudiantil, el atraso educativo, el abandono definitivo y las bajas tasas de graduación, estamos en presencia de una manifestación esquizofrénica de la equidad social, la calidad y la gratuidad de la educación universitaria y politécnica.

Pero veamos alguna evidencia estadística de lo que está pasando en el Ecuador con la equidad social de la gratuidad de la educación superior. En un reciente estudio sobre este tema del profesor David Post se sostiene que si uno examina con cuidado los datos del censo de población del 2001 con encuestas recientes sobre el empleo, se pueden detectar una brecha creciente en el acceso a la educación superior por grupo étnico, ingreso y lengua.

Si desde lo social la gratuidad presenta fisuras, igual ocurre en lo académico, para lo cual permitidme citar los hechos siguientes:

La Disposición General Tercera de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) textualmente dice: “La creación y financiamiento de nuevas carreras universitarias públicas se supeditarán a los requerimientos del desarrollo nacional.

Los programas podrán ser en modalidad de estudios presencial, semipresencial, a distancia, virtual, en línea y otros. Estas modalidades serán autorizadas y reguladas por el Consejo de Educación Superior”.

Estamos plenamente de acuerdo en que “la creación y financiamiento de nuevas carreras universitarias públicas se supeditará a los requerimientos del desarrollo nacional”; empero, la pregunta básica que surge es ¿cómo crear carreras en el tercer nivel que necesita el desarrollo del Ecuador con el actual presupuesto? Esta limitación es más marcada, casi traumática, en las politécnicas, por la gran inversión que requieren los laboratorios y más infraestructura tecnológica, así como la captación de profesores-investigadores. En el caso de la ESPOL, a manera de ejemplo, desde hace más de 2 años está prevista la creación de la ingeniería en Mecatrónica, que la requiere el desarrollo local, provincial y nacional, pero hay obstáculos presupuestarios, hasta ahora, insalvables.

Los bachilleres que deseen ser ingenieros en Mecatrónica en la ESPOL tendrán que esperar.

Vaya paradoja, los bachilleres de los sectores populares que quieren tener el título de ingeniero en Mecatrónica en la ESPOL no lo podrán obtener porque la ESPOL, con el actual presupuesto, no la puede crear con la calidad que caracteriza a las demás ingenierías que oferta.

La misma Disposición General Tercera de la LOES reconoce que entre las modalidades de estudio está la virtual. La pregunta que surge es ¿Con qué recursos las universidades públicas podrán ofertar con calidad carreras, de tercer nivel mediante la modalidad virtual?

La única respuesta es: Con nuevos recursos fiscales. Sí, con recursos nuevos porque los actuales no cubren siquiera el presupuesto de operación, con el agravante que muchas remuneraciones están congeladas, incluidas las de los profesores e investigadores.

Así, la gratuidad se transforma en discriminación porque educación de calidad en la modalidad virtual solo la podrán ofertar las universidades particulares que están en condiciones de invertir en infraestructura tecnológica y capacitación docente; con el convencimiento que recuperarán la inversión y tendrán “excedentes” bajo la lógica del capital.

¡Vaya paradoja! La gratuidad, de estrategia de equidad social, convertida en estrategia de discriminación en contra de las universidades públicas, porque no poseen los recursos fiscales para crear las carreras técnicas de la sociedad del conocimiento ni para ofertar, con calidad, carreras técnicas en la modalidad virtual, porque sus presupuestos para el tercer nivel son tan limitados que ni siquiera cubren los gastos operativos actuales por lo que no hay recursos para hacer inversiones en infraestructura tecnológica de punta o de última generación en el campo educativo.

El Ecuador es un país de gente joven, según el Censo del 2010 hay 2’095.634 ciudadanos de 18 a 25 años, mientras que la población universitaria y politécnica del sector público era de apenas 443.509 a Diciembre del 2007, lo que significa que hay una demanda potencial muy grande.

Para el caso de Guayaquil, aproximadamente algo más de 30.000 bachilleres pugnan por ingresar a las universidades públicas y apenas ingresan 10.000, quedándose en la indefensión educativa los que no ingresan a las universidades particulares; esto es, 20.000 bachilleres en su casi totalidad provenientes de hogares pobres o que se graduaron en colegios deficitarios en lo académico. Esta es otra paradoja de la gratuidad que al no estar acompañada de los recursos fiscales suficientes castiga a los más pobres entre los pobres: los bachilleres que quedan en absoluta indefensión educativa y que tendrán que vender su fuerza de trabajo a cualquier salario o engrosar las filas del desempleo total o el subempleo y la informalidad…

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