La inversión social, constituye la principal herramienta del Estado para incidir en las condiciones de vida de los grupos más vulnerables, reducir las disparidades y garantizar los derechos de la niñez y las poblaciones más vulnerables. Es decir que la inversión social es un instrumento fundamental para lograr, a través de políticas públicas con enfoque de derechos, la universalización y garantía de los derechos de todas y todos.

No hay nada más rentable en términos sociales que la inversión en educación. Por eso, organismos como el Banco Mundial vienen recomendando a los países en vías de desarrollo como el nuestro que movilicen sus escasos recursos económicos a educación, salud y nutrición. Para ello se valen de la experiencia de países como Alemania, Francia, Corea y Finlandia, que alcanzaron sorprendentes crecimientos económicos, en momentos en que impulsaban la mayor dinámica de desarrollo en sus políticas y programas educativos.

Si aceptamos, como debemos hacerlo, habría que decir que nuestro país tiene un reto gigantesco por delante, tanto en términos de cobertura como de calidad de esa cobertura; en educación básica y superior y también en formación de profesionales con maestrías y doctorados. El Ecuador necesita gente altamente preparada que sea capaz de generar conocimiento. Peter Drucker, en “La sociedad poscapitalista”, lo vaticinó: el recurso económico básico ya no es el capital ni los recursos humanos. Es y será el conocimiento.

Como el conocimiento se genera en las universidades, el Estado debe hacer todos los esfuerzos posibles para que los bachilleres tengan acceso a la educación superior. La propia LOES, vigente en el Ecuador desde el 12 de octubre del 2010, y sus reformas que entraron en vigencia el jueves 2 de agosto de 2018 definen los principios, garantizan el derecho a la educación superior de calidad que propenda a la excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna.

Al  nuevo gobierno le corresponde mantener, optimizar e incrementar las asignaciones al sector social, atendiendo  fundamentalmente a la niñez, a los adolescentes, a los bachilleres y a las zonas más desprotegidas y vulnerables. Esto implica, además,  que los nuevos gobernantes tendrán que trabajar en la construcción de un Pacto Fiscal que promueva una mayor y eficaz contribución ciudadana, planificación y priorización de la inversión pública para asegurar a  todos los ecuatorianos el bienestar al que tienen derecho.

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