Por: MILTON LUNA TAMAYO
Tal fenómeno llena al planeta de basura, pero también de neurosis y depresión de un buen segmento de seres humanos que son arrojados de los empleos, los que también por el avance de la inteligencia artificial y la robotización, terminan siendo caducos, como material de desecho.
La respuesta desde la educación es concebirla como un proceso que se oferta a lo largo de toda la vida de las personas, cuyo derecho humano es disponer de las oportunidades de educarse, capacitarse permanentemente, para adaptarse a las demandas de un mundo tan cambiante, y con esto evitar la exclusión social y económica. Una reforma universitaria debe recrear en nuestras condiciones esta necesidad educativa contemporánea.
Otro reto es que el Estado y la sociedad reconozcan a la educación como bien común. Una de las más altas preocupaciones de la Unesco es la ascendente influencia de corporaciones e intereses particulares en el manejo y privatización del conocimiento, poniendo en peligro el desarrollo sostenible y el patrimonio cultural de grupos y pueblos, como los originarios, cuyos conocimientos medicinales ancestrales están siendo apropiados por empresas internacionales.
La Unesco (2015) señala con contundencia que: “El conocimiento es patrimonio común de la humanidad y al igual que la educación debe ser considerado un bien común mundial… teniendo en cuenta la preocupación primordial por un desarrollo sostenible en un mundo cada vez más interdependiente, la educación y el conocimiento deberían ser considerados bienes comunes mundiales. Esto significa que la generación de conocimiento, el control, su adquisición, validación y utilización son comunes a todos los pueblos como empresa social colectiva”.
Estos nuevos conceptos refuerzan los tradicionales, como el concebir a la educación como un derecho humano fundamental, por lo cual el Estado asume la responsabilidad de ser garante del cumplimiento y ejercicio del derecho. Son también vías conceptuales de expresión internacional que aportan para enfrentar la ofensiva privatizadora y de mercado que tanta influencia gana en espacios globales y nacionales. Son conceptos que afirman la responsabilidad estatal de financiamiento de la educación.
Todo esto para reforzar el concepto de la protección y fortalecimiento de la educación pública, de la universidad pública, como una alternativa relevante para construir una sociedad más incluyente, equitativa e igualitaria.
FUENTE: EL COMERCIO