El Presidente Constitucional de la República, economista Rafael Correa respalda la exigencia del título profesional para ejercer el periodismo.

En su enlace sabatino de este 18 de febrero del 2012, dio un espaldarazo a los periodistas graduados en las escuelas o facultades de Periodismo o Comunicación Social de las universidades. Por lo tanto, cuestionó el artículo 41 del Proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, que actualmente socializa la Asamblea Nacional.

El mencionado artículo dice textualmente: “Art. 41.- Libre ejercicio de la comunicación.- Todas las personas ejercerán libremente los derechos a la comunicación reconocidos en la Constitución y esta ley a través de cualquier medio de comunicación, sin que sea exigible titulación profesional para tal efecto”.

Como Director de EcuadorUniversiatrio.Com me pronuncié, oportunamente, en contra de ese artículo, porque en mi vida estudiantil y luego gremial, siempre luché por la profesionalización de los periodistas.

Después de escucharles al Dr. Mauro Andino, promotor del Proyecto de Ley de Comunicación, y a los periodistas y académicos que participaron este 14 de febrero en el denominado Foro sobre la Ley de Comunicación, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, me preguntaba: ¿De qué sirve todo el dinero invertido por el Estado en la preparación de informadores, si ese Estado no asegura que los graduados sean los únicos habilitados para desarrollar la labor informativa?

¿No es un desatino sacarle plata a la comunidad –que de eso se trata-, destinataria final del proceso informativo, si después no se asegura que ese dinero invertido vuelva en beneficio de aquella? ¿No es acaso descuidar el patrimonio del receptor contribuyente, que colabora con el pago de sus impuestos en la educación de los profesionales, si esa su contribución no sirve luego para nada?

No nos engañemos; en nuestro país, de poco y en algunos casos de nada sirve obtener un título de periodista, frente a la absoluta discrecionalidad de quienes eligen sólo por un rostro agradable; o por obsecuencia política; o por influencia en muchos casos dudosa; o por recomendaciones; o para devolver favores o ganarse otros; y siempre por el más bajo salario.

¿Cuál es la solución?

La respuesta es obvia: Sólo si se exige la formación académica, como requisito para ejercer la profesión, le habremos dado solución al problema. No hay más alternativas.

La Ley Orgánica de Comunicación debe exigir la instrucción académica como presupuesto indispensable para el ejercicio de la actividad periodística.

La justicia, la libertad, la paz y el desarrollo a través de la información tienen un precio: la formación universitaria de nuevos periodistas que dignifiquen y mejoren las profesiones informativas.

Wilson Zapata Bustamante

Director de EcuadorUniversitario.Com