Por: Dr. César Montaño

Es positivo que el gobierno nacional convoque a dialogar para concretar los grandes acuerdos que el país requiere luego de constatar las graves secuelas heredadas de una década de erradas políticas, sobre todo, del campo económico, que no han permitido superar problemas estructurales, especialmente sociales.

Ante la crisis multidimensional actual esperamos que los actores llamados a consensuar representen a amplios sectores y que acudan con voluntad de situar por delante lo prioritario y urgente, antes que intereses políticos coyunturales.

El Acuerdo Nacional propuesto se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, sobre ámbitos sensibles del futuro inmediato: educación, seguridad social, empleo, democracia, cambio climático, seguridad ciudadana, combate a las drogas y lucha contra la corrupción.

Por esto, seguramente los ejes que coparán la atención en los años inmediatos serán: lo fiscal, que comprende el manejo sano de las finanzas públicas -ingresos y gastos-, atracción de inversiones, exportaciones, producción; políticas sociales, para ubicar un punto de equilibrio entre la profundización de los derechos y el correcto manejo de los recursos -calidad del gasto, redistribución-; productividad y competitividad, mediante la eliminación de costos y escollos burocráticos.

Incidir positivamente en las áreas señaladas implicará el diseño profesional de políticas públicas y reformas jurídicas necesarias.

Algunos debates que aún son existenciales en nuestro medio, por ejemplo, sobre los derechos y las libertades básicas, la explotación de los recursos naturales, la orientación de la política exterior, ya no lo son en otros países que lograron arribar a históricas coincidencias políticas, como Alemania, Noruega o Polonia.

Nuestra sociedad tiene una tarea urgente: esforzarnos en un serio ejercicio de reconversión para enfrentar la época de vacas flacas, no repetir errores del pasado y encontrar el camino del bienestar.

FUENTE: EL TELÉGRAFO
12 de mayo de 2019 –

Por: Dr. César Montaño

Rector de la Universidad Andina Simón Bolívar

El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Caces), acertadamente ha emprendido tareas para definir una política nacional sobre autoevaluación –autorreflexión- como elemento esencial para el mejoramiento, lo que generará un posterior desarrollo normativo y otros instrumentos.

Este propósito pensado con carácter sistémico e instrumental debe conducirnos a elevar el nivel en este segmento educativo.

Es la primera iniciativa formal en el país en este sentido, así se establecerán de inicio las grandes orientaciones y principios del sistema para luego aterrizar a lo práctico.

La política en construcción busca inducir equilibrio entre docencia, investigación-innovación y vinculación, ámbitos de desempeño propios de las instituciones de educación superior (IES).

Por cierto, ya no se aplicará la autoevaluación como mecanismo para acreditarse, arma utilizada perversamente otrora por René Ramírez y sus incondicionales, para someter a la academia incómoda.

El Caces está creando condiciones para que el sector involucrado participe discutiendo y aportando sobre los componentes de la política. Se intenta que, en el marco de un pacto de confianza con las IES, la autoevaluación cale como cultura en el sistema, con intervención de los estamentos universitarios. Al efecto, habrá que profundizar en el análisis sobre la metodología a utilizar, afinar conceptos como los de “calidad” y “evaluación”, y el contenido de los parámetros.

Para todo esto será clave avanzar sin dejar de lado el respeto a la autonomía, así como reconociendo la diversidad, fortalezas y experiencia acumulada de las IES, pues sería complejo pretender aplicar criterios similares a instituciones tan diversas, cuyo conjunto comprende las públicas, privadas, de pregrado, de posgrado, regionales, internacionales, con énfasis en humanidades o en carreras técnicas. Esperamos que esta loable iniciativa encamine la educación superior del país hacia niveles óptimos.