En el marco de la celebración mundial del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, el 28 de septiembre, se celebró en la Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia) el evento “El acceso a la información como un elemento clave para el buen gobierno y la protección y promoción de los derechos humanos”. Fue convocado por la UNESCO, la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y la Fiscalía General de la Nación. El Banco Mundial y el Fondo Fiduciario Nórdico se asociaron en tanto copatrocinadores. Esta actividad se llevó a cabo dentro de la iniciativa mundial de las conferencias de PIDC.
Hasta hace poco, la cultura del secreto prevalecía en muchos países latinoamericanos. La falta de legislación y mecanismos suficientes para promover y defender el derecho de acceso a la información pública se encuentran entre las razones principales que nutren esta cultura. Sin embargo, esto está cambiando. En la última década, 22 países de América Latina y el Caribe han adoptado leyes sobre el acceso a la información pública. Hoy en día, los países latinoamericanos enfrentan otros desafíos serios, particularmente en el proceso de aplicar leyes y en el establecimiento y fortalecimiento de organismos e instituciones para monitorear su implementación. En consecuencia, no hay suficientes mecanismos, herramientas e información adecuada disponible para los ciudadanos para mejorar el uso de estas leyes de manera adecuada y efectiva. En el caso particular de Colombia, los acuerdos de paz firmados entre el Estado colombiano y las FARC ponen de manifiesto la importancia del acceso a la información para la paz, la memoria, la verdad y la protección de los derechos de las víctimas del conflicto.
La actividad se enmarca en la celebración del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como otros eventos importantes, como la aprobación del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en el Medio Ambiente. Asuntos de América Latina y el Caribe, y la adopción por parte de los Jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en la VIII Cumbre de las Américas, del compromiso de Lima con la «Gobernabilidad democrática contra la corrupción».
La vicepresidenta de Colombia, la señora Marta Lucía Ramírez inauguró la reunión, junto con el señor Fernando Carrillo Florez, Procurador General de la Nación. El evento reunió magistrados de la Justicia Especial para la Paz (JEP), directores de organismos reguladores, defensores de la libertad de expresión, ombudsmen, periodistas internacionales, activistas, promotores del control de noticias falsas y miembros de las Naciones Unidas, de Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Estados Unidos y Sudáfrica. En dicho espacio internacional, esta comunidad de especialistas y promotores debatió sobre temas críticos de nuestro tiempo: acceso a la información, derechos humanos y lucha contra la corrupción, marcos legales y gobernanza.
Según la Directora de la Oficina de la UNESCO en Quito y Representante para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, la Sra. Saadia Sánchez: «La gobernabilidad aumenta la calidad de la gestión pública. La democracia no es solo un arreglo de coexistencia y reglas en un juego electoral que se renueva en cada ciclo, sino que también implica efectividad, responsabilidad, confianza y transparencia, con la participación vital de la sociedad civil en todos los niveles. La efectividad democrática se basa en un enfoque de derechos humanos en el diseño y la implementación de políticas públicas, en dinámicas institucionales, en la toma de decisiones, así como en las mediciones de impacto. Asimismo, la lógica democrática debe definirse por el ejercicio efectivo de la libertad de expresión y el acceso universal a la información, en el marco del camino hacia el desarrollo sostenible descrito en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Objetivo del Desarrollo Sostenible No. 16 y los principios detrás del Día Internacional por el Derecho de Acceso Universal a la Información se ejecutan a través del sistema democrático. El empoderamiento de los ciudadanos para una participación plenamente informada en la toma de decisiones cruciales en la esfera pública y la exigencia de rendición de cuentas por parte de los organismos gubernamentales requiere, sin lugar a dudas, el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información «.
Las celebraciones se cerraron con el lanzamiento de la Campaña Nacional sobre Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República de Colombia y la Cátedra UNESCO de la Universidad de los Andes sobre Libertad de Expresión.
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