María Paulina Soto, rectora; Eduarda Dávalos, representante de los estudiantes, y Ana Carrillo, representante de los docentes, explican los problemas que atraviesa la UArtes. Collage: Carlitos Almeida / El Telégrafo
Ana Carrillo (docente de la Universidad de las Artes; artista visual y doctora en Antropología)
Al día 10 de noviembre de 2020, aproximadamente un tercio de nuestras compañeras y compañeros de trabajo llevan 70 días sin recibir su salario. 10 semanas. Este hecho es el síntoma del desfinanciamiento global de la universidad producto de una política estatal de reducción del gasto, y de fuerte ataque a la educación pública.
En este contexto es importante pensar en los antecedentes: la Universidad de las Artes al igual que las otras tres universidades creadas en el 2012 son aún un proyecto de inversión ligadas directamente al Ejecutivo, cuya designación de autoridades máximas se hace a través de la SENESCYT, eso hace que la visión política y los mecanismos de aterrizaje de las políticas estén guiadas directamente por los funcionarios de la SENESCYT. Esto es, para empezar, una contradicción con los principios de autonomía universitaria.
En comparación con el año pasado la Universidad de las Artes tiene para este año un recorte de alrededor del 65% del presupuesto. A inicios de año se redujeron aproximadamente 20 millones, en aquel momento las autoridades universitarias decidieron recortar al mínimo los gastos, se anularon los presupuestos destinados a los proyectos de investigación, los encuentros académicos, los procesos de vinculación, hasta los servicios de guardianía y limpieza fueron recortados.
En ese momento las autoridades no hicieron las gestiones necesarias para solventar el mantenimiento real de la universidad hasta fin de año; la falta de independencia de las autoridades con la política gubernamental afecta en este tipo de decisiones. Ya para ese entonces la Uartes tenía un déficit en gasto corriente, pues según nos han explicado, creció más rápido de lo que se proyectó; aun así con ese crecimiento sostenido no se fortaleció el gasto corriente y las contrataciones comenzaron en ese histórico a formar parte de las partidas de inversión.
Cuando el Gobierno Nacional este año decidió recortar los gastos de inversión por las medidas de austeridad adoptadas como consecuencia de la pandemia y la firma del acuerdo con el FMI, los retrasos de los pagos a nuestros compañeros y compañeras que estaban en esta situación comenzó a retrasarse.
Se agravó con el recorte bastante conocido de mayo; en esa fecha además las autoridades fueron removidas de su puesto, como siempre por resolución de la SENESCYT y se nombró una nueva comisión gestora a 3 días del inicio del nuevo semestre.
En ese momento comenzaron los retrasos de pagos de los compañeros que estaban en partidas de inversión (91 personas, es decir la tercera parte del personal docente y administrativo contratado). La incertidumbre fue un elemento fuerte de manejar pues las respuestas de las autoridades era esperar al Ministerio de Finanzas sin tener ninguna certeza sobre esos pagos.
Todos sabíamos que había problemas de financiamiento, que incurrían en el irrespeto de los derechos laborales. Exigimos entonces información clara, la idea era sumarnos con una acción de Amicus Curiae y respaldar las acciones de protección que desde varios actores se armaron. Nos parecía fundamental que lo hiciera la Universidad de las Artes o cualquier otra universidad creada en el 2012, porque al no ser parte del FOPEDEUPO se podía aportar en la protección de la educación, pues nuestro recorte no se debía, como fue el argumento del ex-Ministro de Finanzas, a una justificada rebaja de las asignaciones debido a una sustancial baja de la recaudación del IVA.
De boca de las autoridades sabíamos que las negociaciones para financiar la Universidad habían sido planteadas al Ministerio de Finanzas, más o menos entendíamos que a partir del mes de septiembre o a más tardar para el inicio del nuevo semestre (Octubre 2020), algunos profesores y profesoras corríamos el riesgo de ser despedidas.
La verdad se cumplió con la promesa de no despidos a cambio de una rebaja salarial estipulada según rangos. A final del mes de agosto los profesores y el personal administrativo fueron llamados a firmar una adenda a sus contrataciones para proceder con la rebaja.
Debo recalcar que toda la gestión de la Comisión Gestora actual, que corresponde más o menos al mismo tiempo de formación de la Asociación de Docentes ha tenido fuertes falencias en la comunicación clara y transparente. No se ha organizado, por ejemplo, una reunión con nuestros comisionados en donde nos expliquen públicamente los planes y visiones de la Universidad en medio de la pandemia, por ejemplo; las resoluciones no se suben a la página web de manera oportuna.
Nos hemos visto obligadas a recurrir a solicitudes de acceso a la información que no han sido debidamente respondidas. Digo esto porque la firma de esa adenda careció de un proceso debido de socialización. Uno de los puntos sensibles de esta adenda es que la mayoría de los y las que firmaron y cuyos salarios se encontraban en gasto corriente ahora pasaron a formar parte de una nueva partida de inversión, que a decir de algún correo enviado como respuesta a una colega cuando preguntó por qué está en partida de inversión, la reducción del gasto corriente es una condición estipulada por los organismos internacionales de crédito.
Entonces, a pesar de haber firmado la adenda de descuento al salario, tenemos personal administrativo y docentes sin ser pagados. Calculamos que los grupos de gasto de los que se pagan nuestros salarios están divididos en tres partes más o menos iguales: los que aún pertenecemos a gasto corriente hemos recibido nuestro sueldo con un poco de retraso por el mes de septiembre y de manera puntual para el mes de octubre.
Los que están en el primer grupo de gastos de inversión que ya venían así desde enero (más o menos una tercera parte) han recibido el pago del mes de septiembre a finales de octubre, y los que pasaron recientemente a gastos de inversión no han recibido sus salarios de septiembre ni octubre. Las respuestas de las autoridades han ocasionado más incertidumbre.
Obviamente que esto ha causado muchísimo malestar en las profesoras y profesores y trabajadoras. Condiciones personales bastante complicadas, estamos en una temporada especialmente sensible de gastos, en muchas familias las y los trabajadores que tienen empleo son el sostén único de las familias ampliadas, el acceso a los servicios de salud se complica por la imposibilidad de pagar atención privada, por el colapso del sistema público y porque se adeudan tres meses de pensiones al IESS.
También ahora, somos las y los docentes los que pagamos por los medios de producción con los que trabajamos, por lo que la misma conexión a internet o electricidad nos resulta difícil de pagar. Estas situaciones personales vuelven inestable el ambiente de aprendizaje de las y los estudiantes. Desde nuestra lectura la falta de pago es el síntoma del desfinanciamiento, y eso también nos hace temer por el futuro de nuestra institución.
Hace unos meses nos habíamos juntado con las asociaciones docentes de las Universidades de reciente creación para ver que tenemos panoramas similares: relaciones difíciles de las comisiones gestoras con la comunidad, poca información y poca capacidad de diálogo, inestabilidad por el cambio de autoridades máximas, pocos pasos dados para consolidar la institucionalidad, falta de normativas, reglamentos, modelos en unos casos, falta de la cantidad suficiente de docentes con nombramiento en otros, y falta de voluntad política para culminar con el proceso de institucionalización, es decir proceder a consolidar la autonomía y el cogobierno a través de elecciones democráticas internas.
A propósito de esto la Asamblea ha pedido la comparecencia de Agustín Albán para explicar el plan que elaborado por los organismos competentes para las 4 universidades. Según las declaraciones de los funcionarios enviados por Albán a la Asamblea Nacional el 6 de noviembre de 2020 y de algunos artículos de opinión se quiere dibujar a nuestras universidades como un caprichoso gasto público.
No estamos de acuerdo con esta lectura. Primero creemos férreamente en el derecho a la educación como una responsabilidad de un Estado que debe tener entre sus prioridades la disminución de las brechas de desigualdad que padecemos, así como propiciar el conocimiento enfocado al cambio de matriz productiva y al pensamiento crítico y técnico que nos permita salir de la condición colonialista en que nos encontramos como países “en vías de desarrollo”.
Nuestras universidades acogen a población que habita situaciones que no le permiten acceder a educación privada, tenemos, por ejemplo, una gran mayoría de estudiantes que se constituyen en la primera generación de su familia que asiste a la Universidad, también aportamos al desarrollo local, en nuestro caso a la oxigenación urbana en el centro de la ciudad de Guayaquil y a la recuperación del patrimonio arquitectónico.
En estos discursos en los que se ataca a nuestras universidades a veces pareciera que somos los docentes o los estudiantes los responsables de procesos que no se han llevado a cabo a cabalidad, como por el ejemplo el financiamiento de UArtes, cuando es en realidad la misma SENESCYT la que ha puesto las autoridades que tenemos. Parece ser por las respuestas de los enviados de Albán a comparecer que el gobierno no tiene ningún plan de contingencia para solventar la vida de estas instituciones, el día a día de todos y todas las estudiantes, los docentes y el personal administrativo.
Desde la asociación de docentes, la organización estudiantil y algunos compañeros administrativos hemos hecho algunas acciones que nos lleven a concientizar a la sociedad la importancia de la existencia de nuestra universidad, a ejercer nuestro derecho a la protesta para reclamar por los derechos laborales vulnerados y por los derechos culturales ignorados, a consolidar este proyecto y a asegurar su permanencia en el tiempo. Lo que queremos es que se solucione la falta de pago, el desfinanciamiento y que se asegure su institucionalidad.
La Universidad es un gran esfuerzo colectivo, nos parece importante que se afiance y cumpla con los procesos de categorización, que persista y que cumpla los objetivos para los que fue creada y muchos más.
FUENTE: www.eltelegrafo.com.ec
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