La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional en conjunto con la mesa de Desarrollo Económico deberán entregar hasta este miércoles 14 de noviembre una salida técnica para garantizar los recursos que deben destinarse en la proforma presupuestaria del 2019 a las universidades públicas del país, según anunció la legisladora Silvia Salgado.
La parlamentaria que preside la Comisión de Educación mencionó que en la proforma 2018 se asignaron 1.443 millones de dólares, mientras que en la del 2019 se fija en 1.297, es decir, 145 millones de dólares menos.
De inmediato, los comisionados recibieron a las autoridades de varias universidades del país. Marcelo Cevallos, rector de la Universidad Técnica del Norte, mencionó que la reducción está dirigida a ciertos grupos de gastos, sobre todo para personal académico y asignaciones a la gratuidad.
Anunció que han establecido mecanismos de diálogo con los representantes de la Senescyt, Ministerio de Finanzas y la Secretaría de Presupuesto, pero hay que entender que la proforma es estudiada en la Asamblea Nacional, por lo que pidieron hacer las gestiones necesarias para que se respeten los recursos de la academia.
La legisladora Teresa Benavides, tras indicar que la Universidad Técnica de Manabí es una de las afectadas, pidió convocar al Ministro de Finanzas, rectores de las universidades, representantes del Consejo de Educación Superior, para construir una alternativa que permita trasladar el debate y discusión a la Comisión de Desarrollo Económico que analiza la proforma 2019.
Hay que tomar en cuenta que en los centros de educación superior hay más estudiantes, por tanto, se necesitan más docentes, inversión en laboratorios, equipos, etc, por lo que no se puede disminuir los recursos con relación al 2018, expresó el legislador Rómulo Minchala.
Mientras que Germán Rojas, en representación del Consejo de Educación Superior, indicó que sería saludable conocer cómo se aplicó la fórmula para calcular los indicadores que le correspondería a cada institución educativa. Hay que ver qué cantidad se destinó por el concepto de asignación de gratuidad y la devolución de donaciones, añadió.
El parlamentario Augusto Espinosa sugirió revisar la pertinencia jurídica de la proforma; es decir, que se cumpla el mandato legal que determina que no se puede recortar presupuesto para el sector educación.
En la reunión participó también el presidente de la Comisión de Régimen Económico, Pabel Muñoz, quien planteó la necesidad de constatar dónde se produjo la disminución de recursos, porque al parecer si se respeta la fórmula del Fopedeupo.
Galo Naranjo, rector de la Universidad Técnica de Ambato, resaltó que existen esfuerzos de los centros de educación superior en innovación, emprendimiento, tecnología y para ello se necesita presupuesto.
Silvia Salgado, presidenta de la Comisión de Educación, invitó a los asistentes a construir una propuesta técnica, en la cual se analice si la fórmula de Distribución del Fondo de Desarrollo Universitario y Politécnico (Fopedeupo) se cumple, así como el incremento de cupos para garantizar el acceso de bachilleres.
En este marco, las Comisiones de Educación, Régimen Económico, Desarrollo Económico, junto a representantes de la Senescyt y de Finanzas estructurarán el respectivo informe técnico.
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