Por: Jacqueline Murillo Garnica (PhD)
Colombia
Es tan lucrativo el negocio del crimen como lo son los beneficios superiores a los costos. Gary Becker, premio Nobel de Economía en 1992, sostenía “que los individuos toman decisiones por un motivo, se valoran pros y contras y las opciones derivan a incentivos, y que todos de alguna manera respondemos a estímulos e influencias”. Para Becker el crimen se explica por el costo, es decir, delinquir es bastante más económico que funcionar en la legalidad, se opera fuera de la ley. Los criminales son racionales, para el nobel “hay una cantidad óptima de crimen en cada sociedad”
¿Cómo explicar que en Colombia hay más de 80 grupos al margen de la ley? Algunos de estos, se cobijan bajo el techo del narcotráfico. ¿Cómo explicar que en un país donde pululan un sinnúmero de leyes, se cometen tantos crímenes? Una cosa es el papel, el documento, otra, la realidad, lo que sucede en el día a día. ¿Por qué se ha develado la compra de votos y no pasa nada? ¿Por qué varios candidatos a la Presidencia recibieron dineros de dudosa procedencia y siguieron campantes? ¿Por qué hay grupos que siguen paralizando el país?
Las leyes en Colombia y las penas suelen ser una quijotada. La ley condena los conciertos para delinquir, pero los tolera y hasta los comete. Y a propósito de los graves sucesos de los últimos dos meses en este país, la oleada de violencia oficial que todos los colombianos vimos en vivo y en directo. ¿Cómo explicar las imágenes de policías disparándole a civiles? Y que estos civiles no estaban cometiendo actos de violencia. En lo que va corrido de este año, los asesinatos a líderes sociales han sido el pan de cada día. ¿Cómo entender que la policía en medio de las marchas raptó a personas y nunca se volvió a saber de su suerte? El saldo de todas estas aberraciones es abrumador.
Todos estos actos no han ocurrido por casualidad. Forman parte de una política institucional. En Colombia se han invertido las funciones de las instituciones que se formaron para salvaguardar a los ciudadanos. Los esfuerzos gubernamentales se han dirigido a ponerse del lado de los victimarios. Un ejemplo grotesco del pasado septiembre fue el espaldarazo del presidente de la República a la policía, al portar el uniforme en señal de complacencia por los crímenes cometidos a varios civiles a raíz de la muerte violenta causada a un abogado en un CAI.
El coctel de sucesos ha ido in crescendo. La Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría se convirtieron en oficinas de bolsillo del Estado. El partido del gobierno, el Centro Democrático, emitió un comunicado, en donde exigía al ejecutivo no hablar con la ciudadanía que protesta. Los ingredientes del coctel en ciertas regiones del país comandadas por terratenientes paramilitarizados son “limpiar” y “pacificar”. Traducción: plomo y paciencia, es la retórica oficial.
La reciente visita al país de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se ha sumado al creciente asombro internacional ante la respuesta a sangre y fuego que este Gobierno inició y que se autoproclamó como modelo de democracia liberal en el trópico. Esta administración replica extemporáneamente a dos grandes referentes: los viejos tiempos de Uribe y los poderosos sectores representados allí. Es claro que el Gobierno no quiere tratar sino a punta de coerción: la protesta de los ciudadanos insatisfechos y condenados. Pero esta visita podrías servir para que dejen de matar y que sepamos qué pasó con los desaparecidos.
Vale la pena recordar a Ayn Rand: “Cuando adviertas que para producir necesitas la autorización de quienes no producen nada… entonces podrás afirmar sin temor a equivocarte que tu sociedad está condenada”. La última encuesta de Invamer, más del 80% de la población colombiana desaprueba la justicia en este país.