Marcelo Aguilera, delegado del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), acudió a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional para respaldar la aprobación del proyecto que extingue a las universidades cerradas, ya que permitirá la finalización de un largo proceso de depuración.
Señaló que el proyecto presentado por el asambleísta Raúl Abad para la extinción de las universidades y escuelas politécnicas suspendidas definitivamente por el CEAACES es de vital importancia, porque permitirá concluir este proceso histórico que fue muy bien visto a nivel nacional e internacional, a fin de conseguir una educación superior de calidad.
Precisó que el proceso de evaluación de las universidades y escuelas politécnica nació por mandato constituyente número 14 que buscaba recuperar el rol director, coordinador, regulador y supervisor de las instituciones de educación superior, abandonado durante décadas a las fuerzas del mercado.
Destacó que el informe del 2009 sobre el nivel de desempeño de las instituciones de educación superior, encargado al Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA), develó un sistema fragmentado por múltiples brechas –académica, democrática, investigativa, tecnológica- y sus resultados tuvieron consecuencias para las universidades, pues de acuerdo a su desempeño fueron clasificadas en cinco categorías: A, B,C,D y E, siendo la A, la de mejor desempeño y la E la de más bajo desempeño. Este hecho fue un hito en la historia de la educación superior del país y marcó el inicio de un proceso de depuración del sistema universitario, enfatizó el delegado del CEAACES.
Explicó que la Constitución y la Ley Orgánica de Educación Superior dispuso realizar un nuevo proceso de evaluación a las universidades que se encontraban en la categoría E, a fin de depurar del sistema de educación superior. De las 26 instituciones evaluadas, 14 en un primer momento, fueron suspendidas de manera definitiva por el CEAACES, después de desarrollar un proceso absolutamente técnico. En un segundo momento fue suspendida una institución de educación superior y las demás instituciones evaluadas continuaron formando parte del sistema, agregó.
Expresó que los centros de educación suspendidos estaban sumergidos en prácticas mercantiles, empresariales y veían a la educación como un negocio y no como un bien público.
Posteriormente, los parlamentarios escucharon a Jorge Montero, ex rector de la Universidad Politécnica Serbio Tulio Morero de Cariamanga, quien solicitó a los comisionados se exija al Consejo de Educación Superior proceda con la liquidación de las acreencias de esta institución, ya que permitirá tramitar la derogatoria a la ley de creación de la mencionada institución.
Igualmente, los parlamentarios escucharon a Luis Coloma, ex rector de la Universidad Interamericana de Riobamba, quien dijo que se cometió un error al cerrar esta institución de educación, porque era de reciente creación y se debió esperar un tiempo prudencial para constatar el cumplimiento de procesos para lograr la calidad de la educación.
Dijo que hasta el momento no se les ha devuelto el sobrante económico en un monto aproximado de un millón trescientos cincuenta y ocho mil dólares, a la vez que aseveró que mientras la LOES determina que el patrimonio de las instituciones de educación superior particular que han sido extinguidas y no han sido impulsadas con fondos públicos, dicho patrimonio sea destinado a la educación superior pública o particular de acuerdo a lo establecido en sus estatutos, la Constitución prohíbe toda forma de confiscación.
EcuadorUniversitario.Com