Un nuevo estudio advierte que América Latina democratizó la universidad pero precarizó las condiciones docentes

Compara 14 sistemas de educación superior y concluye que la formación pedagógica dejó de ser opcional
Documento 15

 

Entre 1970 y 2019, la matrícula de educación superior en América Latina pasó de aproximadamente 1,9 millones de estudiantes a más de 30 millones. Ese crecimiento llenó las aulas —antes homogéneas y elitistas— de estudiantes de primera generación universitaria y dejó atrás el modelo en que la experticia disciplinar bastaba para enseñar: el médico que enseña medicina, el abogado que enseña derecho. El nuevo Documento de Trabajo n.º 15  La institucionalización de la pedagogía universitaria en América Latina: tensiones estructurales, niveles de articulación y desafíos de la soberanía académica, examina cómo las instituciones de educación superior (IES) de la región transitan de la transmisión de contenidos hacia arquitecturas dedicadas al desarrollo docente, la investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje (SoTL) y el aseguramiento de la calidad. 

El informe fue elaborado por el Centro de Pedagogías Universitarias (CPU), una iniciativa conjunta de UNESCO IESALC y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Compara 14 sistemas nacionales: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. 

La ecuación detrás de la expansión 

El estudio identifica el principal freno a la profesionalización de la enseñanza: la precarización laboral del profesorado. En México, Colombia y Perú, una gran parte de la docencia de pregrado la imparten profesores «hora cátedra» o a tiempo parcial, con contratos inestables y baja remuneración. Esto no es un accidente de gestión, sino una ecuación explícita: la contratación por horas fue el mecanismo con el que los sistemas absorbieron el salto de matrícula sin incrementar proporcionalmente el gasto por estudiante, porque el profesor por horas cuesta una fracción del profesor de planta y no genera obligaciones de investigación, extensión ni carrera. 

Buena parte de la democratización del acceso que la región celebra se financió con la precarización de quienes enseñan. De ello se sigue que revertir la precarización no es únicamente un problema de voluntad normativa, sino de financiamiento

La precariedad tampoco se distribuye de manera neutral: las figuras contractuales más inestables concentran una proporción mayor de mujeres que los cargos de planta y de mayor jerarquía, aunque el informe advierte que América Latina no dispone todavía de una serie regional comparable por sexo y tipo de contrato. Y añade una advertencia de política pública: exigir estabilidad contractual sin resolver de dónde saldrán los recursos corre el riesgo de trasladar el costo al arancel estudiantil y revertir los avances en acceso. 

Cartografía regional: tres niveles de articulación y un caso especial 

El informe clasifica los 14 sistemas según la densidad y la articulación de sus CPU o Unidades de Desarrollo Docente: 

  1. Alta articulación nacional (Chile, Uruguay, Costa Rica, Argentina): políticas de Estado sostenidas y redes maduras. En Chile, la cobertura estimada va del 60 % al 70 % del sistema y supera el 80 % en las universidades tradicionales del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH); el motor fue el programa de Mejoramiento y Calidad de la Educación Superior (MECESUP) y hoy la Red de Centros de Apoyo a la Docencia (REDCAD) integra a más de 40 universidades. 
  2. Articulación intermedia (Colombia, Perú, República Dominicana, Ecuador): crecimiento rápido de centros impulsado por la regulación estatal —acreditación y licenciamiento— y por la competencia en el sector privado. 
  3. Desarrollo descentralizado (México, Brasil, El Salvador, Bolivia, Panamá): coexisten «islas de excelencia» como el Tecnológico de Monterrey o la UNAM con una vasta mayoría de instituciones sin estructuras formalizadas de apoyo docente. 
  4. En red, caso especial (Paraguay): la iniciativa Aula Pyahu, liderada por la Universidad Nacional de Asunción en consorcio con otras 10 universidades y financiada por la Unión Europea, logra una cobertura nacional que ninguna institución alcanzaría por sí sola. 

Soberanía tecno pedagógica y uso crítico de la IA 

En el plano tecnológico, el documento llama a consolidar una «soberanía tecno pedagógica»: plataformas de gestión propias y seguras, gobernanza institucional de los datos educativos y rechazo a la adopción acrítica de modelos comerciales privativos que mercantilizan la información de los estudiantes. Centros de vanguardia en Argentina (CITEP, de la Universidad de Buenos Aires) y México (Tecnológico de Monterrey) ya exploran la IA generativa para la personalización del aprendizaje y la retroalimentación automática. El informe plantea, sin embargo, el dilema ético de fondo: sin políticas explícitas, la IA puede ampliar la distancia entre las universidades que pueden pagar licencias y hardware y las que no. 

Lo que el estudio aún no puede afirmar 

Una de las contribuciones más incómodas del documento es su propia autocrítica: 

  •  América Latina carece todavía de estudios que midan el efecto de estos centros sobre la retención, la progresión y el logro académico, y producir esa evidencia es, según los autores, la tarea más urgente de la agenda regional de investigación.  

  • El relevamiento no permite establecer que las microcredenciales de desarrollo docente tengan reconocimiento oficial más allá de la institución que las emite; en los casos documentados operan como reconocimiento interno.  

  • La pedagogía con perspectiva de género está casi ausente de los portafolios relevados, una contradicción notable en instituciones que reproducen en su contratación la desigualdad que piden corregir en el aula. 

Recomendaciones clave 

El documento cierra con líneas de acción organizadas en tres ejes: —política de Estado, gobernanza institucional e investigación—, entre ellas: 

  • Dignificar la docencia regulando las condiciones laborales y financiando la reforma: la formación pedagógica no puede depender del voluntarismo; debe vincularse a incentivos salariales y de promoción y a una carrera docente profesionalizada, junto a una agenda explícita de financiamiento (protección del gasto público por estudiante, fórmulas de asignación que reconozcan el costo de una planta estable y diversificación de fuentes). 
  • Reconocer las microcredenciales con estándares verificables: rutas formativas flexibles articuladas con los marcos nacionales de cualificaciones y con los criterios de promoción del profesorado, al amparo del Convenio Regional de Reconocimiento de Estudios, Títulos y Diplomas (UNESCO, en vigor desde 2022). 
  • Valorar el SoTL (Enfoque académico de la Enseñanza y el Aprendizaje en la educación terciaria y superior)  en la evaluación académica: equiparar la investigación sobre la docencia con la producción científica disciplinar en los sistemas de evaluación y promoción. 
  • Adoptar políticas explícitas de IA: aplicar la Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial (UNESCO, 2021) y la Guía para la IA generativa en la educación y la investigación, que fijan proporcionalidad, supervisión humana, transparencia y protección de datos

Día Mundial del Docente

El 5 de octubre, la UNESCO celebra el Día Mundial del Docente, una fecha para reconocer su contribución a la transformación de la educación, reflexionar sobre el apoyo que necesitan para desarrollar plenamente su talento y vocación, y repensar los desafíos que enfrenta esta profesión a nivel mundial. 

www.EcuadorUniversitario.Com

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