El artículo 71 de la Ley Orgánica de Comunicación, al hablar de las Responsabilidades comunes señala: ”La información es un derecho constitucional y un bien público; y la comunicación social que realiza a través de los medios de comunicación es un servicio público que deberá ser prestado con responsabilidad y calidad, respetando los derechos de la comunicación establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y contribuyendo al buen vivir de las personas.»

Todos los medios de comunicación tienen las siguientes responsabilidades comunes en el desarrollo de su gestión:

1. Respetar los derechos humanos y promover su plena aplicabilidad;
2. Desarrollar el sentido crítico de los ciudadanos y promover su participación en los asuntos de interés general;
3. Acatar y promover la obediencia a la Constitución, a las leyes y a las decisiones legítimas de las autoridades públicas;
4. Promover espacios de encuentro y diálogo para la resolución de conflictos de interés colectivo;
5. Contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad;
6. Servir de canal para denunciar el abuso o uso ilegítimo que los funcionarios estatales o personas particulares hagan de los poderes públicos y privados;
7. Impedir la difusión de publicidad engañosa, discriminatoria, sexista, racista o que atente contra los derechos humanos de las personas;
8. Promover el diálogo intercultural y las nociones de unidad y de igualdad en la diversidad y en las relaciones interculturales;
9. Propender la integración política, económica y cultural de los ciudadanos, pueblos y colectivos humanos; y,
10. Propender a la educomunicación.

 ¿Es la información un bien público?

La respuesta es, sí.

La prensa es, una industria y un servicio público. En consecuencia sus operaciones interesan directamente a tres grupos de personas: los propietarios de los medios, los periodistas y los ciudadanos.

Por ser una industria privada, sus propietarios tienen una tendencia natural a fijarle como primer objetivo la producción de beneficios, sin preocuparse demasiado de los intereses verdaderos del consumidor. Por ser un servicio público, la prensa no puede quedar abandonada al libre juego de las fuerzas del mercado: el público tiene un interés vital de estar bien informado.

La naturaleza de la comunicación como servicio público garantiza que nadie la privatice y se enriquezca de ella, por tanto, tiene que ser regulada como todo servicio público.

Rendir cuentas: un deber de la prensa.

La prensa debe servir al público adecuadamente, o más bien a los diversos públicos que constituyen una nación. Dicho de otra forma, el público no es una masa de clientes, de consumidores. Es quien posee de alguna manera, la propiedad moral de la prensa. Creemos que podría compararse a los editores y propietarios de estaciones de radio y televisión con trabajadores autorizados a cultivar una tierra pública. El capital y las máquinas son suyas –y por su parte los periodistas aportan a su competencia y su energía- pero el dueño es el público. Es a él a quien pertenece la libertad de la prensa, el derecho a la información, y a él deben rendir cuentas los propietarios y periodistas. Prácticamente, “rendir cuentas” significa que la prensa debe escuchar la crítica, hacerla pública, y tomarla en consideración para corregirse.

Ser “socialmente responsables” significa decir todo lo que los ciudadanos tienen interés en saber.

Los medios de información son incapaces de realizar esta misión, incluso con las mejores intenciones del mundo. Son, necesariamente, muy imperfectos. Así, pues, deben conservar sus oídos, sus columnas, y sus antenas, abiertas a las quejas que formulan los usuarios, especialmente los más sensibles de todos ellos, los periodistas.

Rendir cuentas implica en primer lugar restricciones al privilegio tradicional de los propietarios de los medios, a su derecho exclusivo de utilizar su órgano de prensa para su beneficio personal, es decir, para ganar dinero y también para servir a sus ambiciones políticas o a la de sus amigos.

Cuando un proyecto de ley resultaba amenazante para uno o varios de los grupos sociales de mayor influencia, ponían en marcha todo el mecanismo de presión para tratar de detenerlo o modificarlo: la prensa, la radio y la televisión, iniciaban la crítica del proyecto y de sus autores. Esto entrañaba una amenaza tácita para quienes se atrevían a respaldarlo. El temor a la crítica de los medios de opinión pública y a ser clasificados como elemento peligroso por quienes dominaban el aparato político y económico operaba como fuerza inhibitoria en la actividad legislativa de políticos que estaban en las primeras etapas de su carrera. Esto ocurría incluso con ciertos legisladores que eran elegidos por grupos o sectores populares precisamente por sus planteamientos radicales. Era el fenómeno que Antonio García en varios de sus escritos ha llamado “Soborno político de las nuevas generaciones”.

Hay muy pocos administradores de medios de información que reconocen el principio de que ellos tienen cuentas que rendir, y son escasos en la práctica los periodistas que están dispuestos a rendir cuentas.

Ahora que ya no se considera subversivo, léase sacrilegio, criticar a los medios de información, hasta los manuales de periodismo se permiten atacar a la prensa. En asociación con los cursos y los trabajos dirigidos de las Facultades de Periodismo (ahora más integradas en las universidades y más independientes respecto a la generosidad de los administradores de los medios) dan a los futuros especialistas de la información una mentalidad nueva. Hacen de ellos profesionales exigentes más que empleados dóciles o cínicos.

Hoy, la comunicación es un servicio público que puede ser llevado por sectores privados, públicos o comunitarios. La Ley Orgánica de Comunicación vigente en el Ecuador promueve que la prensa sea socialmente responsable y no una industria dedicada a la explotación del consumidor. Es preciso que los medios lleguen a ser responsables respecto al conjunto de la sociedad, es decir, que deben responder a sus necesidades y a sus deseos.

Una vez dicho esto, anhelamos que la evolución sea rápida. El objetivo de la nueva Ley Orgánica de Comunicación es lograr el cambio de mentalidades, tanto de los propietarios como de los periodistas y ciudadanos. El ideal de crear una prensa realmente democrática, es inseparable del ideal de crear una Sociedad verdaderamente democrática y alcanzar el equilibrio político del país.

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