La asambleísta Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional y representante de la provincia de Chimborazo, presentó un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), con el propósito de reconocer la modalidad de educación virtual en el sistema educativo nacional. La propuesta establece que esta modalidad no podrá ofertarse en los niveles de educación inicial, preparatoria y básica elemental.
Explicó que la iniciativa busca vincular la promoción de los estudiantes al cumplimiento efectivo de los aprendizajes previstos en el currículo nacional, sin afectar las garantías de refuerzo académico e inclusión educativa. Asimismo, plantea establecer el principio de buena fe en el ejercicio de los derechos de participación de las familias, sin restringirlos, y definir un marco legal y estándares específicos para la educación virtual, con respeto a las garantías de inclusión reconocidas en la ley.
Tiupul detalló que la propuesta contempla tres cambios fundamentales. El primero consiste en incorporar la modalidad virtual al sistema educativo, con la exclusión de los niveles de educación inicial, preparatoria y básica elemental. El segundo establece que los estudiantes serán promovidos al curso inmediato superior siempre que alcancen los aprendizajes y las destrezas previstos en el currículo nacional.
Como tercer punto se refiere a los padres, madres y representantes legales, quienes podrán ejercer sus derechos de participación, petición y control social en los distintos procedimientos de las instituciones educativas, bajo los principios de respeto y buena fe. Con ello, se busca garantizar el ejercicio de estos derechos y, al mismo tiempo, el respeto a la autoridad de los docentes en las aulas.
Tiupul enfatizó que la propuesta fue elaborada a partir de diversas mesas de diálogo con docentes, estudiantes, autoridades educativas y padres y madres de familia, particularmente de la provincia de Chimborazo. “Proponemos una reforma que pone énfasis en que la responsabilidad de la educación es compartida entre docentes, estudiantes, representantes y, por supuesto, el propio Estado”, precisó.
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