Llamamos la atención a las autoridades sobre la importancia de la educación pública y respaldamos a quienes reclaman de los poderes del Estado el respeto a la autonomía universitaria y un mayor esfuerzo por una financiación adecuada que permita su desarrollo, y hacemos un llamamiento a los poderes públicos, para que, desde un planteamiento solidario, se apueste decididamente por la implementación de políticas a favor de una educación pública en el país, que llegue a todos y a todas; una educación igualitaria, de calidad, libre, democrática y comprometida con el progreso y el futuro del país.
La educación es un derecho humano que pertenece a todo hombre y a toda mujer por igual, y es misión de los poderes públicos asegurar su plena satisfacción en condiciones de igualdad, con independencia de su origen, cultura, raza, ideología y situación económica.
La educación es un elemento de progreso económico que ha de estar dirigido a mejorar las condiciones de vida de las personas y de las colectividades en las que se insertan.
La educación contribuye esencialmente al progreso social, en la medida que salva las inequidades al igualar a las personas por su capacidad y esfuerzo.
La educación no puede entenderse como un gasto social, ni una carga para el Estado y la sociedad, sino como la mejor inversión tanto al presente como hacia el futuro.
En la nueva economía global, el conocimiento y el dominio de la información constituyen los principales elementos de riqueza, en términos tales que su ausencia se convierte en un factor excluyente del protagonismo en la economía.
En la dinámica cambiante del conocimiento actual, no atender a la educación acrecienta los niveles de desigualdad, que llevan a situaciones insalvables a medio y aún a largo plazo.
La educación ha de contemplarse en todos sus niveles, desde el primario al superior, y ha de ser concebida como un sistema global que dé una respuesta unitaria y sin fisuras a la necesidad de progreso de la sociedad.
La igualdad de oportunidades requiere extender una enseñanza pública de calidad a todos los ecuatorianos, facilitando el acceso a las nuevas herramientas que suministran las innovaciones informáticas y las nuevas tecnologías de la comunicación.
La enseñanza pública es responsabilidad de los poderes públicos, que deben implantarla, mantenerla y defenderla, en cumplimiento de la función que tienen encomendada de alcanzar una sociedad próspera, democrática, justa y solidaria.
Las universidades públicas y los centros de enseñanza superior, a nivel nacional, regional e internacional, deben cooperar entre sí, y aunar esfuerzos que faciliten la circulación del conocimiento, las idas y las personas, desde el compromiso de la defesa de lo público.
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