El lenguaje claro exige precisión, accesibilidad y sencillez, es el medio o la obligación correlativa del derecho a comprender; es una exigencia de legitimidad democrática y de efectividad de los derechos reconocidos en constituciones y leyes. Entregar información mediante texto no equivale necesariamente a garantizar su comprensión. Esta diferencia revela un desafío de la sociedad: comunicar o compartir información con lenguaje claro, para que las personas comprendan lo que exponen los textos, sin poner en riesgo sus decisiones, sus recursos y el ejercicio de sus derechos -claro que aquí también entra en juego la comprensión lectora, y la diversidad lingüística de cada país-.
Por cierto, acaba de desarrollarse en La Plata, Argentina, la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, que debatió sobre: Lenguaje de los poderes públicos. Santiago Muñoz Machado, director de la RAE e impulsor de la red, expone: “La claridad del lenguaje del poder no es una cortesía ni una concesión graciosa, sino el cumplimiento de una obligación correlativa al derecho subjetivo a comprender”. En general, no hay lenguaje claro en leyes y otras normativas, contratos diversos, formularios, decisiones administrativas, documentos médicos y servicios digitales. Las pólizas de seguros son un ejemplo elocuente: textos sin fin, tecnicismos, exclusiones, excepciones y remisiones entre cláusulas dificultan identificar qué cubre un seguro, cuáles son sus límites y cuándo puede negarse una indemnización; son frecuentes las cláusulas generales, especiales, específicas, adicionales; también adolecen de pobre sintaxis y semántica.
Un contrato puede contemplar situaciones complejas, pero no debería exigir siempre conocimiento especializado. En una póliza, por ejemplo, una síntesis fiel al contrato completo, sobre coberturas, exclusiones, deducibles y trámites de reclamación, libre de hojarasca,facilitaría decisiones informadas. No en vano Cervantes en el Quijote aconseja: “se breve en tus razonamientos, que ninguno hay gustoso si es largo”.
En Ecuador, el tema puede articularse con los principios de protección al consumidor, transparencia,acceso a la información, y con las obligaciones exigibles a cada sector. En una sociedad democrática los poderes públicos y los prestadores de servicios de interés general tienen la obligación de utilizar lenguaje claro, para que la información sea entendida, cuestionada y utilizada.