Han transcurrido 4 años de la vigencia de la Constitución de Montecristi y este 20 de octubre celebramos los impactos de la gratuidad, la equidad y la calidad de la educación en el tercer nivel.
La gratuidad en las universidades y escuelas politécnicas públicas ha sido una estrategia idónea para promover la equidad social en la educación superior, con lo cual está de acuerdo la mayoría de la población ecuatoriana, aunque considera que todavía es necesario introducir profundos cambios relacionados con la calidad integral de las escuelas y colegios públicos, receptores de la mayor cantidad de estudiantes de los sectores populares, según manifiesta Elías Gilces, miembro del Consejo de Educación Superior (CES), en representación de los estudiantes universitarios del Ecuador.
Gilces considera que no basta que accedan los pobres a la educación universitaria sino, además, se requiere que tengan educación de calidad y que haya un conjunto de factores que hagan posible obtener un título profesional avalado por la excelencia institucional y producto de los méritos académicos del estudiante. En este sentido el Gobierno Nacional prioriza la formación de talento humano para construir un país del conocimiento justo y solidario.
Evaluación de las universidades
El representante de los estudiantes universitarios ante el Consejo de Educación Superior recuerda que la Constitución de Montecristi estableció un plazo de 5 años, que vence el 20 de octubre del 2013, para que “todas las instituciones de educación superior, así como sus carreras, programas y postgrados” sean evaluados y acreditados conforme a la Ley, y en caso de “no superar la evaluación y acreditación quedarán fuera del Sistema de Educación Superior”.
Hacer de la gratuidad una acción a favor de la equidad y la calidad es uno de los grandes desafíos de los próximos años si queremos transformar la educación superior y hacer de las universidades y escuelas politécnicas el factor desencadenante del desarrollo, la democracia y la equidad, afirma Elías Gilces.